martes, 15 de mayo de 2012

El Pacto Fiscal, una solución mortífera para los pueblos

Pierre Khalfa /13/05/2012

Veinticinco de los veintisiete gobiernos europeos adoptaron, a principios de marzo, el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza (TSCG) de la Unión Económica y Monetaria, es decir, la zona del euro. El Tratado es más conocido como el "Pacto Fiscal". Ahora debe ser ratificado por los Estados.
Este nuevo tratado se presenta como un pacto de disciplina fiscal. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en Amsterdam en 1997, prorrogaba los criterios de Maastricht: la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB. Estas normas limitaban en gran medida el margen de maniobra presupuestario, incluso con la creación del euro y la moneda, como instrumento de la política monetaria, desaparecía.

Estas normas no fueron tenidas en cuenta, incluso antes de la crisis financiera, por parte de Francia y Alemania, y no impidieron a España e Irlanda, que las respetaron en gran medida, se hundieran tras estallar la crisis financiera.

La crisis ha echo saltar por los aires las normas del Tratado y ha mostrado que era imposible dirigir la economía de esta manera.

Sin embargo, en lugar de extraer las lecciones, los gobiernos europeos van aún más lejos con el TSCG estableciendo, entre otras cosas, una "regla de oro", que requiere que "la situación presupuestaria de las administraciones públicas (...) sea equilibrada o tenga superávit". Esta regla se considerará cumplida si el déficit estructural no supera el 0,5% del PIB.

Se trata del déficit presupuestario calculado excluyendo los cambios debidos a las condiciones coyunturales. Pura construcción estadística, la medición del déficit no se hace con las mismas reglas para todos los países,  por lo que sus resultados serán diferentes según los economistas de cada país y dependerá de una serie de hipótesis que influirán significativamente en el resultado.

Es la Comisión Europea la que calcula el déficit estructural de cada Estado y por lo tanto se puede temer lo peor. El informe anual de 2012 del Tribunal de Cuentas indica que el déficit estructural de Francia fue del 5% del PIB en 2010, esto significa 96,6 mil millones. ¡Cumplir con el 0,5% del PIB habría significado un recorte de casi 87 mil millones de euros! Esta norma debe aplicarse en el medio plazo y es, de nuevo, la Comisión, la que fijará el calendario. Así pues, tras haber renunciado a todo margen de maniobra en la política monetaria, los gobiernos deben abandonar completamente el timón de la política fiscal.

Imponerse un presupuesto equilibrado (el llamado "déficit cero" NdT), implica que a largo plazo las inversiones deberán financiarse únicamente con los ingresos corrientes. Sin embargo, estas inversiones serán utilizadas durante decenios por varias generaciones, por lo que es absurdo que se financien sólo con los ingresos del momento.

Si esta norma debe ser respetada, lleva consigo la imposibilidad, en la práctica, de invertir en el futuro, así como satisfacer las necesidades sociales básicas o empezar la transición hacia una economía ecológica que requerirá enormes inversiones.

Esta forma de  gobernar a base de normas -la deuda por debajo del 60% del PIB, el déficit por cuenta corriente hasta el 3%, el déficit estructural de 0,5% del PIB- es la marca de cabecera del ordoliberalismo (1) alemán. Para ellos, mantener un buen funcionamiento de los mercados requiere que los Estados se doten de reglas estrictas. En el incumplimiento de estas reglas es dónde estaría la causa de los excesos de los mercados financieros actuales.

En realidad es un error total de diagnóstico. El cumplimiento de estas normas requiere una serie de medidas de austeridad masiva y permanente. Más dramáticas son las consecuencias sociales para las personas. Esta orientación es económicamente estúpida pues nos lleva a una lógica de la recesión que vemos cómo se está instalando en Europa.

Mientras que el consumo privado está estancado o en declive y la inversión de las empresas se encuentra en su nivel más bajo, renunciar a la herramienta del presupuesto no hará más que aumentar las dificultades económicas. En una Europa económicamente integrada, en la que los clientes de unos son los proveedores de otros, una política de austeridad generalizada, con una reducción de la demanda global en todos los países, sólo puede conducirnos al desastre.

Esta recesión va a provocar una caída de los ingresos fiscales que tendrá como consecuencia hacer más difícil la reducción del déficit, que se supone que las políticas de austeridad deberían favorecer. Ello justificará una nueva vuelta de tuerca, lo que agravará la situación, etc.

Este Tratado, de hecho, secuestra lo esencial de la política económica del debate democrático y la decisión de los ciudadanos, pues pretende dirigir la economía con piloto automático.

Se trata de escoger que tipo de sociedad queremos para el futuro. Es inconcebible que el Tratado sea simplemente ratificado por un Parlamento sin ningún tipo de debate democrático real. Es inaceptable que los ciudadanos y ciudadanas no sean consultados a pesar de que el Tratado tendrá un impacto de consecuencias considerables en sus condiciones de vida y de trabajo. Es por esta razón que la Fundación Copérnico cree imprescindible la organización de un referéndum para que el pueblo pueda votar y pronunciarse.

Notas:
(1) Según el ordoliberalismo, el Estado debe crear un adecuado ambiente legal para la economía y mantener un nivel saludable de competitividad a través de medidas que adhieran a los principios del libre mercado. La tesis central es una división del trabajo claramente definida para la administración económica, con responsabilidades específicas asignadas a determinadas instituciones. La política monetaria debería ser responsabilidad de un Banco Central enfocado a la estabilidad monetaria, y al mantenimiento de una inflación baja, aislado de la presión política por medio de su carácter independiente


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