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de junio del 2020
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una fase de la pandemia en dónde la sala situacional del MINSA muestra casi 230
mil infectados por Covid-19, y se registran los más altos records de mortalidad
a nivel de Latinoamérica superando los 200 fallecidos al día, la estrategia de
“guerra” del gobierno manifiesta no sólo desorientación y falta de fundamentos,
sino claros indicios de una malversación extendida y diversificada sobre los fondos
destinados para la mitigación de la emergencia económica-sanitaria. Se trata de
una pandemia que corre en línea paralela: la “pandemia de la corrupción” proliferando
en los diferentes organismos de la administración pública: Salud, Educación,
Infraestructura, Ministerio del Interior y las gobernanzas locales y
regionales. Los más afectados por esta “pandemia” son igualmente los ciudadanos
en condición más vulnerable: desempleados, trabajadores invisibles –entiéndase informales–
y la población en condición de pobreza y extrema pobreza en su conjunto. Sin
embargo, debemos recalcar que las redes clientelares de individuos en busca de
beneficios personales en medio de la crisis al interior del aparato burocrático
del Estado no constituyen un fenómeno nuevo o aislado. Como los denominara la
politóloga Elinor Ostrom ganadora del premio nobel de economía en 2009, la presencia
de los “egoístas racionales” que
persiguen intereses particulares por encima de la distribución equitativa de los
recursos en tiempos de crisis no es necesariamente un suceso inexplicable, aunque
su efecto sí que resulta mucho más perjudicial.
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