Andrew Gavin Marshall /28/11/2012 /Rebelión
En la cumbre de dirigentes de los Estados miembros del Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) en noviembre de 2010
participaron: Japón, Vietnam, Australia, Chile, Singapur, EE.UU., Nueva
Zelanda, Brunei, Perú y Malasia.
El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación
Económica (TPP) es la
negociación comercial más secreta y “menos transparente” de la historia.
Afortunadamente para las poblaciones y sociedades a las que afectará,
hay organizaciones de investigación pública y medios alternativos que hacen
campaña contra el Acuerdo e incluso han publicado diversas filtraciones de
capítulos del borrador. De esas filtraciones, que han sido cubiertas por medios
noticiosos dominantes controlados por las corporaciones, podemos llegar a un
mejor entendimiento de lo que realmente abarca el Acuerdo Trans-Pacífico.
Por ejemplo, algunos grupos de interés público advierten de que el TPP
podría llevar a la pérdida de millones de puestos de trabajo. Como señaló una
carta del Congreso al Representante Comercial de EE.UU., Ron Kirk, el TPP “creará políticas vinculantes de futuros congresos en
numerosas áreas”,incluyendo “las relacionadas con la mano de obra,
patentes y derechos de autor, uso de la tierra, alimentos, agricultura y
estándares de productos, recursos naturales, medioambiente, licencias de
profesionales, empresas de propiedad estatal y políticas de adquisición de los
gobiernos, así como regulaciones financieras, de los sistemas de salud,
energía, telecomunicaciones y otras del sector servicios”-
En otras palabras, el TPP va mucho más allá del
“comercio”.
Apodado por muchos “NAFTA2 (TLCAN) a lo grande” y “golpe corporativo”,
solo dos de los 26 capítulos del TPP tienen realmente algo que ver con
comercio. En su mayor parte otorga nuevos derechos y privilegios de largo
alcance a las corporaciones, especialmente en lo relacionado con los derechos
de propiedad intelectual (leyes de derechos de autor y de patentes), así como
limitaciones de las regulaciones gubernamentales.
Los documentos filtrados revelaron que el gobierno de Obama “se propone
conceder nuevos poderes políticos radicales a las multinacionales”, ya que
Obama y Kirk han emergido como grands propugnadores “de políticas que han sido
rechazadas desde hace tiempo por activistas ecológicos, defensores de
reformas financieras y sindicatos, porque erosionan protecciones cruciales de
las leyes internas”.
En otras palabras, las ya inefectivas y en su mayoría desdentadas
regulaciones ecológicas, financieras y laborales existentes son inaceptables
para el gobierno de Obama y las 600 corporaciones alineadas con el TPP al que
imparten sus órdenes.
El acuerdo estipula que las corporaciones extranjeras que operen en
EE.UU. ya no estarán sometidas a leyes internas de EE.UU. respecto a las
protecciones del medio ambiente, las finanzas o los derechos laborales, y
podrían apelar a un “tribunal internacional” que tendría la potestad de
invalidar la ley estadounidense e imponer sanciones a EE.UU. por violar los
nuevos “derechos” de las corporaciones.
El “tribunal internacional” que dictaría las leyes de los países estaría
compuesto de abogados corporativos que actuarían como “jueces”, asegurando así
que los casos presentados tengan un juicio “justo y equilibrado”, equilibrado y
justo a favor de los derechos corporativos por sobre todo lo demás.
Una coalición de interés público conocida como Campaña Comercial
Ciudadana publicó un borrador del capítulo del TPP sobre “inversión” revelando
información sobre el “tribunal internacional” que permitiría que las
corporaciones exigieran directamente a los gobiernos que impongan barreras a
los “beneficios potenciales”.
Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Campaña
Comercial Ciudadana, explicó que los borradores “contienen claramente
propuestas diseñadas para dar a las corporaciones transnacionales derechos
especiales que van mucho más allá de los que tienen los negocios nacionales y
los ciudadanos estadounidenses. Una propuesta que tendría efectos tan amplios
en las regulaciones medioambientales, la seguridad del consumidor y otros
intereses públicos, merece un escrutinio y un debate público. No se debería
elaborar a puerta cerrada”.
Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización de interés
público, hizo un análisis del documento filtrado sobre inversión y explicó que
el tribunal corporativo internacional permitiría que las corporaciones revoquen
las leyes y regulaciones nacionales o demanden enormes sumas compensatorias
ante el tribunal “empoderado para ordenar el pago de fondos ilimitados del
Tesoro del gobierno a inversionistas extranjeros por demandas según el TPP”.
Incluso bajo NAFTA, más de 350 millones de dólares han sido pagados por
gobiernos alineados con el NAFTA a corporaciones por “barreras” a los
“derechos” de inversión, incluyendo vertederos de desechos tóxicos, reglas de
corte de árboles, así como prohibiciones de diversos productos químicos
tóxicos.
Porque, seamos claros: para las corporaciones, semejantes regulaciones y
preocupaciones por los temas de salud, seguridad y medio ambiente se perciben
solo como “barreras” a la inversión y los beneficios. Por lo tanto su
“gobierno” demandaría al gobierno extranjero por cuenta de la corporación,
basándose en la premisa de que semejantes regulaciones condujeron a una
potencial pérdida de beneficios, por los cuales se debería compensar a la
corporación.
El TPP permite que las corporaciones demanden directamente al gobierno en
cuestión. Todos los países miembros del TPP, excepto Australia, han aceptado
adherirse a la jurisdicción de este tribunal internacional, un tribunal
irregular y arbitrario no elegido, antidemocrático y dotado de personal por las
corporaciones, con autoridad legal por lo menos sobre diez naciones y
sus poblaciones.
Además, los países del TPP no han
aceptado un conjunto de obligaciones que deberían cumplir las corporaciones en
relación con los estándares de salud, trabajo o ecología, y por lo tanto se
abre una puerta a que las corporaciones obtengan todavía más derechos y
privilegios para saquear y explotar. Mientras se amplían los derechos
corporativos se desmantelan los derechos humanos y democráticos.
Una de las áreas más importantes en las que el TPP tiene un profundo
efecto se relaciona con los derechos de propiedad intelectual o derechos de
autor y de patentes. Las corporaciones han sido grandes defensoras de la
expansión de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de sus derechos
de propiedad intelectual.
Las corporaciones farmacéuticas son muy partidarias de esos
derechos y probablemente estarán entre los grandes beneficiarios del capítulo
de propiedad intelectual del TPP. La industria farmacéutica se aseguró de que
el acuerdo de 1995 de la Organización Mundial del Comercio incluyera
contundentes reglas de patentes, pero finalmente consideró que esas reglas no
lo bastante duras.
Dean Baker explica en The Guardian que reglas más duras
de las patentes establecen “un monopolio garantizado por el gobierno, a menudo
de hasta 14 años, que prohíbe que los competidores genéricos entren en un
mercado basado en los resultados de las investigaciones de otras compañías que
demuestran la seguridad y efectividad de un medicamento”. Baker señaló que
semejantes leyes en realidad es “lo contrario del libre comercio” ya que
“implican un aumento de la intervención gubernamental en el mercado”,
“restringen la competencia y conducen a precios más elevados para los
consumidores”.
Esencialmente, lo que esto significa es que en países pobres en los que
más gente necesita acceso a medicamentos que salvan vidas, y a menor coste,
sería imposible que las compañías o gobiernos fabriquen y vendan marcas
genéricas más baratas de medicamentos exitosos cubiertos por patentes corporativas
multinacionales. Un acuerdo semejante entregaría un monopolio de controles de
precios a esas corporaciones, permitiendo que fijen los precios que consideren
adecuados, haciendo así que los medicamentos sean increíblemente caros y
frecuentemente inaccesibles para la gente que más los necesita.
Como señaló correctamente el congresista estadounidense Henry Waxman:
“En muchas partes del mundo, el acceso a los medicamentos genéricos significa
la diferencia entre la vida y la muerte”.
Se espera que el TPP aumente tales derechos de patente corporativos más
que ningún otro acuerdo de la historia. Los fabricantes de medicamentos
genéricos en países como Vietnam y Malasia resultarían afectados. También
afectaría a las ventas de los grandes fabricantes de genéricos en EE.UU.,
Canadá, y Australia, que suministran medicamentos a bajo coste a gran parte del
mundo.
Mientras EE.UU. ha renunciado al derecho de negociar los precios de los
medicamentos con las corporaciones farmacéuticas (de ahí el precio exorbitante
de los medicamentos adquiridos en EE.UU.), países como Nueva Zelanda e incluso
Canadá, en menor grado, negocian precios de medicamentes a fin de mantener
bajos los costes para los consumidores. El TPP otorgará nuevos privilegios de
negociación a las corporaciones, permitiendo que apelen las decisiones de los
gobiernos para cuestionar el alto coste de los medicamentos, o preferir
alternativas más baratas. Refiriéndose a esos cambios, el jefe estadounidense
de la Campaña Acceso a Medicinas de Médicos Sin Fronteras declaró: “Bush fue
mejor que Obama al respecto”.
Pero el TPP no solo amenaza en estos aspectos: la
libertad en Internet también es un objetivo importante.
El Consejo de Canadienses y OpenMedia, importantes paladines de la
libertad en Internet, han señalado que el TPP “criminalizaría algunos usos
comunes de Internet”, incluyendo la descarga de música así como la combinación
de diferentes trabajos mediáticos. OpenMedia advirtió de que el TPP “obligará a
los proveedores de servicios a recoger y suministrar datos privados sin
protección de la privacidad y dará a los conglomerados mediáticos más poder
para enviar multas por correo, eliminar contenidos en línea –incluyendo páginas
web completas– e incluso cortar el acceso a Internet”.
El capítulo del TPP sobre los derechos de propiedad intelectual también
propone nuevas leyes que tendrían que imponer los gobiernos para regular el uso
de Internet. OpenMedia también advierte de que, según los documentos filtrados
sobre derechos de propiedad intelectual, “puede haber fuertes multas a los
ciudadanos comunes y corrientes en línea”, agregando: “podrían multarte por
pulsar un enlace, se podrá excluir de Internet a la gente y se podrían
clausurar páginas web”.
El TPP, advirtió el fundador de Open Media Steve Anderson: “limitará la
innovación y la libertad de expresión”. Bajo el TPP no existe distinción entre
violación del derecho de autor comercial y no comercial. Por lo tanto los
usuarios que descargan música para su uso personal se enfrentarían a las mismas
sanciones que los que venden música pirateada con fines de lucro.
La información creada o compartida en sitios de redes sociales podría
llevar a que los usuarios de Internet sean multados, que les confisquen sus
ordenadores, les corten el acceso a Internet e incluso a sentencias de prisión.
El TPP impone un sistema de “tres golpes” por quebrantamiento del derecho de
autor, según el cual tres infracciones llevarían a cortar el acceso a Internet
de un grupo familiar.
¿Por qué, entonces, tanto secreto? Los responsables corporativos y
políticos estudian muy de cerca la opinión pública; saben cómo manipular al
público sobre la base de lo que piensa y cree la mayoría. Cuando se trata de
acuerdos de “libre comercio” la opinión pública ha obligado a los negociadores
a acuerdos a puertas cerradas y a un secreto inaudito precisamente porque las
poblaciones se oponen a semejantes acuerdos de una manera abrumadora.
Un sondeo de opinión de 2011 reveló que el público estadounidense ha
pasado –en los últimos años– de una “amplia oposición” a una “oposición
abrumadora” contra los acuerdos comerciales del estilo NAFTA.
Un importante sondeo de NBC News-Wall Street Journal de
septiembre de 2010 reveló que “el impacto del comercio y de la deslocalización
es uno de los pocos temas en los cuales estadounidenses de diferentes clases,
ocupaciones y opiniones políticos están de acuerdo”: un 86% dice que la
deslocalización de puestos de trabajo por parte de las compañías
estadounidenses a países pobres es “una de las principales causas de nuestros
problemas económicos”, y un 69% piensa que los “acuerdos de libre comercio
entre EE.UU. y otros países cuestan puestos de trabajo en EE.UU.” Solo un 17%
de los estadounidenses opinó en 2010 que los “acuerdos de libre comercio”
benefician a EE.UU., en comparación con un 28% en 2007.
Porque la opinión pública se opone fuerte –y crecientemente– a los
“acuerdos de libre comercio” es necesario hacerlos en secreto con el fin de
impedir que el público llegue a conocer acuerdos como el TPP, por no hablar de
oponerse a ellos activamente. Y esta, como explicó el representante comercial
de EE.UU., es una razón muy “práctica” para todo el secreto.
Andrew Gavin Marshall es un investigador y escritor independiente basado en Montreal, Canadá, que escribe sobre una serie de temas sociales, políticos, económicos e históricos. También es Project Manager de The People's Book Project.
Andrew Gavin Marshall es un investigador y escritor independiente basado en Montreal, Canadá, que escribe sobre una serie de temas sociales, políticos, económicos e históricos. También es Project Manager de The People's Book Project.
Tomado de Economía Peruana
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