14
de junio del 2020
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una fase de la pandemia en dónde la sala situacional del MINSA muestra casi 230
mil infectados por Covid-19, y se registran los más altos records de mortalidad
a nivel de Latinoamérica superando los 200 fallecidos al día, la estrategia de
“guerra” del gobierno manifiesta no sólo desorientación y falta de fundamentos,
sino claros indicios de una malversación extendida y diversificada sobre los fondos
destinados para la mitigación de la emergencia económica-sanitaria. Se trata de
una pandemia que corre en línea paralela: la “pandemia de la corrupción” proliferando
en los diferentes organismos de la administración pública: Salud, Educación,
Infraestructura, Ministerio del Interior y las gobernanzas locales y
regionales. Los más afectados por esta “pandemia” son igualmente los ciudadanos
en condición más vulnerable: desempleados, trabajadores invisibles –entiéndase informales–
y la población en condición de pobreza y extrema pobreza en su conjunto. Sin
embargo, debemos recalcar que las redes clientelares de individuos en busca de
beneficios personales en medio de la crisis al interior del aparato burocrático
del Estado no constituyen un fenómeno nuevo o aislado. Como los denominara la
politóloga Elinor Ostrom ganadora del premio nobel de economía en 2009, la presencia
de los “egoístas racionales” que
persiguen intereses particulares por encima de la distribución equitativa de los
recursos en tiempos de crisis no es necesariamente un suceso inexplicable, aunque
su efecto sí que resulta mucho más perjudicial.
El modus operandi consiste en la
adjudicación de contratos millonarios ejecutados por los órganos de
administración pública bajo el cual los fondos fiscales derrochan millones
de soles al año en casos de corrupción. Por
esta razón en el 2018 según un informe de la Procuraduría el Estado habría
perdido más de 215 millones de soles derivados de la creación del Seguro
Integral de Salud (SIS). Recientemente, la misma entidad reportó 166 casos de
corrupción durante el estado de emergencia. Entre algunos de los más conocidos
tenemos la sobrevaloración de costos por más de 4,7 millones de soles en la compra de “Kits de limpieza” en las regiones
policiales de Lima, Lambayeque, La Libertad, y la adquisición por la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) de cientos de balones que no tenían oxígeno a un
precio unitario de S/.2500 en la región Loreto, una de las más golpeadas por la
pandemia con mayor déficit de quipos en los hospitales, entre muchos casos que
podríamos citar.
En
el ámbito educativo vemos un escenario similar en donde las irregularidades se
presentan bajo la forma de demora en el empadronamiento a los beneficiarios de
las herramientas digitales y educación a distancia. En Huacho, un informe de la
Contraloría mencionó que la Universidad José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) no
había cumplido con el envío de la información documentada sobre los
beneficiarios de los servicios de internet y los dispositivos electrónicos para
el inicio de la educación a distancia pese a que la Universidad debía enviar el
padrón de beneficiarios al MINEDU, luego de más de 40 días de haber sido
publicado el decreto. De igual manera centenares de estudiantes de la
Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) realizaron un plantón y marcha en medio de la
represión policial para demandar a las autoridades universitarias mayor equidad
en la entrega de los bonos para Internet para la comunidad estudiantil.
Estos
cohechos son avalados por un conjunto de máximas normas legales (Decretos
Supremos, Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos) emitidas por el Estado
en el marco de su “guerra” contra la pandemia, y tienen la particularidad de concretizarse bajo la forma de contrataciones directas. Estos procesos no solamente implican riesgo
de corruptela, sino en forma paralela el incumplimiento de estándares
internacionales de calidad. Según el presupuesto las contrataciones millonarias,
a partir del Estado de Emergencia, se han materializado en transferencias por
un total de 447 millones de soles para los siguientes motivos y entidades
beneficiarias: Alojamiento (MINCETUR), Plataforma de Bono (RENIEC), Hospitales
provisionales (ARCC), Mascarillas textiles (MINSA), Dispositivos electrónicos y
Kits de higiene (MINEDU) entre otros, de las cuales ya se han concretizado 243
millones de soles a través de 1178 contrataciones. Son procesos sin competencia – capacidad vinculante
que determina la validez para las actuaciones del Estado– muchos de ellos inmersos
en graves escándalos de corrupción. Como lo plantea una investigación regional realizada
por la red de periodistas de América Latina para la transparencia y la
anticorrupción: “diversos países de Latinoamérica han recurrido a
una modalidad de compra pública que incrementa los riesgos de corrupción: la
contratación directa…los reportajes de
la red periodística transfronteriza analizan cerca de 100 normas legales
emitidas en el marco de la emergencia causadas por el Covid-19. Estas
resoluciones estatales abren la puerta a las contrataciones directas y sus respectivos
riesgos, disminuyen los estándares de transparencia y, en algunos casos,
permiten compras con sobrecostos o la entrada en el mercado nacional de
dispositivos médicos “precarios”.
No
solo la falta de regulación de las contrataciones directas genera un grave
problema de corrupción, sino también de sobrecostos, clientelismo y nepotismo entre
otras “bondades” de la administración pública, puesto que se ha normalizado
–mediante DS, DU y DL– que las entidades públicas puedan incluso regularizar las contrataciones pasado un
mes luego de efectuar las compras provocando, por ejemplo, retrasos en la
elaboración de los supuestos padrones de beneficiarios.
La
fiscalización de algunos organismos supervisores y reguladores podrá a lo mucho
detectar, pero no detener ni muchos menos erradicar los actos de corrupción al
interior del Estado. ¿Sino entonces quién
fiscaliza a los fiscalizadores? Aquí radica la importancia de mantener una
vigilancia activa por parte de la ciudadanía, incluyendo los gremios de
trabajadores, las organizaciones populares, la juventud estudiantil y la
opinión pública. Aunque pandemia y corrupción no son lo mismo, comparten una semejanza:
no golpea a todos por igual. Como reza la consigna que ha cobrado mucha
popularidad: “Corona para los ricos, Virus para los pobres”. El virus puede
matar a pocos ricos pero sí en cambio a miles de pobres ya que en un contexto
de escasez de equipos de salud y colapso del sistema sanitario –agravado por la
corrupción– aumentan las posibilidades de que sólo los millonarios puedan
recibir atención médica. Sumado a esto, la clase empresarial recibe mayor
soporte y garantías en el presupuesto de la reactivación económica (11.2%) en
comparación con el ínfimo porcentaje del programa Reactiva Perú destinado al
soporte familiar (3%) haciendo que las clases trabajadoras carguen el mayor
peso de la pandemia sanitaria, económica e
inmoral. Puesto que la corrupción no es un fenómeno aislado sino que tiene
raíces profundas en el decadente capitalismo neoliberal imperialista. Es parte
de su superestructura jurídica-política –Estado, leyes y costumbres– y la
expresión más viva de su base económica radicada en el lucro, la explotación de
los trabajadores y la monopolización del capital. La corrupción está en el ADN
del sistema y refleja la relación entre burocracia, partidocracia neoliberal y
las clases dominantes a las que sirven. La consustancialidad y complicidad de
estos elementos configura el carácter sistémico de la corrupción. Bajo el capitalismo,
el Estado más que una “estructura fallida” –idea contemporánea surgida a
comienzos de los 90’s– como órgano benefactor y distribuidor de la riqueza, es
más bien un aparato militar-burocrático que administra represión y corrupción
contra el pueblo. En tiempos de pandemia, esta no es la excepción.
Bryan Serrano
Movimiento ciudadano Renovemos – Lima metropolitana
Referenc
Ernesto Cabral: Perú destina S/442 millones en compras sin competencia para Covid-19 https://bit.ly/2B55qpG
Ernesto Cabral: Perú destina S/442 millones en compras sin competencia para Covid-19 https://bit.ly/2B55qpG
Ernesto Cabral: Las compras de la pandemia: opacidad y sin competencia
https://bit.ly/30GubTV
Denisse Rodríguez: ¿Existe una pandemia de corrupción en Perú?
https://bit.ly/30GubTV
Denisse Rodríguez: ¿Existe una pandemia de corrupción en Perú?
Pulso Regional: Estudiantes de Unsaac piden con protesta acceso a internet para todos
https://bit.ly/2B58pOU
Resistencia/Revista Regional https://bit.ly/2B9aoSa
Augusto Lostaunau: El aporte de Karl Marx en el estudio de la corrupción
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