miércoles, 17 de junio de 2020

La Covid-19 y la pandemia de la corrupción



14 de junio del 2020

E
n una fase de la pandemia en dónde la sala situacional del MINSA muestra casi 230 mil infectados por Covid-19, y se registran los más altos records de mortalidad a nivel de Latinoamérica superando los 200 fallecidos al día, la estrategia de “guerra” del gobierno manifiesta no sólo desorientación y falta de fundamentos, sino claros indicios de una malversación extendida y diversificada sobre los fondos destinados para la mitigación de la emergencia económica-sanitaria. Se trata de una pandemia que corre en línea paralela: la “pandemia de la corrupción” proliferando en los diferentes organismos de la administración pública: Salud, Educación, Infraestructura, Ministerio del Interior y las gobernanzas locales y regionales. Los más afectados por esta “pandemia” son igualmente los ciudadanos en condición más vulnerable: desempleados, trabajadores invisibles –entiéndase informales– y la población en condición de pobreza y extrema pobreza en su conjunto. Sin embargo, debemos recalcar que las redes clientelares de individuos en busca de beneficios personales en medio de la crisis al interior del aparato burocrático del Estado no constituyen un fenómeno nuevo o aislado. Como los denominara la politóloga Elinor Ostrom ganadora del premio nobel de economía en 2009, la presencia de los “egoístas racionales” que persiguen intereses particulares por encima de la distribución equitativa de los recursos en tiempos de crisis no es necesariamente un suceso inexplicable, aunque su efecto sí que resulta mucho más perjudicial.

El modus operandi consiste en la adjudicación de contratos millonarios ejecutados por los órganos de administración pública bajo el cual los fondos fiscales derrochan millones de  soles al año en casos de corrupción. Por esta razón en el 2018 según un informe de la Procuraduría el Estado habría perdido más de 215 millones de soles derivados de la creación del Seguro Integral de Salud (SIS). Recientemente, la misma entidad reportó 166 casos de corrupción durante el estado de emergencia. Entre algunos de los más conocidos tenemos la sobrevaloración de costos por más de 4,7 millones de soles  en la compra de “Kits de limpieza” en las regiones policiales de Lima, Lambayeque, La Libertad, y la adquisición por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de cientos de balones que no tenían oxígeno a un precio unitario de S/.2500 en la región Loreto, una de las más golpeadas por la pandemia con mayor déficit de quipos en los hospitales, entre muchos casos que podríamos citar.

En el ámbito educativo vemos un escenario similar en donde las irregularidades se presentan bajo la forma de demora en el empadronamiento a los beneficiarios de las herramientas digitales y educación a distancia. En Huacho, un informe de la Contraloría mencionó que la Universidad José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) no había cumplido con el envío de la información documentada sobre los beneficiarios de los servicios de internet y los dispositivos electrónicos para el inicio de la educación a distancia pese a que la Universidad debía enviar el padrón de beneficiarios al MINEDU, luego de más de 40 días de haber sido publicado el decreto. De igual manera centenares de estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)  realizaron un plantón y marcha en medio de la represión policial para demandar a las autoridades universitarias mayor equidad en la entrega de los bonos para Internet para la comunidad estudiantil.

Estos cohechos son avalados por un conjunto de máximas normas legales (Decretos Supremos, Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos) emitidas por el Estado en el marco de su “guerra” contra la pandemia, y  tienen la particularidad de concretizarse  bajo la forma de contrataciones directas. Estos procesos no solamente implican riesgo de corruptela, sino en forma paralela el incumplimiento de estándares internacionales de calidad. Según el presupuesto las contrataciones millonarias, a partir del Estado de Emergencia, se han materializado en transferencias por un total de 447 millones de soles para los siguientes motivos y entidades beneficiarias: Alojamiento (MINCETUR), Plataforma de Bono (RENIEC), Hospitales provisionales (ARCC), Mascarillas textiles (MINSA), Dispositivos electrónicos y Kits de higiene (MINEDU) entre otros, de las cuales ya se han concretizado 243 millones de soles a través de 1178 contrataciones. Son procesos sin competencia – capacidad vinculante que determina la validez para las actuaciones del Estado– muchos de ellos inmersos en graves escándalos de corrupción. Como lo plantea una investigación regional realizada por la red de periodistas de América Latina para la transparencia y la anticorrupción: “diversos países de Latinoamérica han recurrido a una modalidad de compra pública que incrementa los riesgos de corrupción: la contratación directa…los  reportajes de la red periodística transfronteriza analizan cerca de 100 normas legales emitidas en el marco de la emergencia causadas por el Covid-19. Estas resoluciones estatales abren la puerta a las contrataciones directas y sus respectivos riesgos, disminuyen los estándares de transparencia y, en algunos casos, permiten compras con sobrecostos o la entrada en el mercado nacional de dispositivos médicos “precarios”.

No solo la falta de regulación de las contrataciones directas genera un grave problema de corrupción, sino también de sobrecostos, clientelismo y nepotismo entre otras “bondades” de la administración pública, puesto que se ha normalizado –mediante DS, DU y DL– que las entidades públicas puedan incluso regularizar las contrataciones pasado un mes luego de efectuar las compras provocando, por ejemplo, retrasos en la elaboración de los supuestos padrones de beneficiarios.  

La fiscalización de algunos organismos supervisores y reguladores podrá a lo mucho detectar, pero no detener ni muchos menos erradicar los actos de corrupción al interior del Estado.  ¿Sino entonces quién fiscaliza a los fiscalizadores? Aquí radica la importancia de mantener una vigilancia activa por parte de la ciudadanía, incluyendo los gremios de trabajadores, las organizaciones populares, la juventud estudiantil y la opinión pública. Aunque pandemia y corrupción no son lo mismo, comparten una semejanza: no golpea a todos por igual. Como reza la consigna que ha cobrado mucha popularidad: “Corona para los ricos, Virus para los pobres”. El virus puede matar a pocos ricos pero sí en cambio a miles de pobres ya que en un contexto de escasez de equipos de salud y colapso del sistema sanitario –agravado por la corrupción– aumentan las posibilidades de que sólo los millonarios puedan recibir atención médica. Sumado a esto, la clase empresarial recibe mayor soporte y garantías en el presupuesto de la reactivación económica (11.2%) en comparación con el ínfimo porcentaje del programa Reactiva Perú destinado al soporte familiar (3%) haciendo que las clases trabajadoras carguen el mayor peso de la pandemia sanitaria, económica e inmoral. Puesto que la corrupción no es un fenómeno aislado sino que tiene raíces profundas en el decadente capitalismo neoliberal imperialista. Es parte de su superestructura jurídica-política –Estado, leyes y costumbres– y la expresión más viva de su base económica radicada en el lucro, la explotación de los trabajadores y la monopolización del capital. La corrupción está en el ADN del sistema y refleja la relación entre burocracia, partidocracia neoliberal y las clases dominantes a las que sirven. La consustancialidad y complicidad de estos elementos configura el carácter sistémico de la corrupción. Bajo el capitalismo, el Estado más que una “estructura fallida” –idea contemporánea surgida a comienzos de los 90’s– como órgano benefactor y distribuidor de la riqueza, es más bien un aparato militar-burocrático que administra represión y corrupción contra el pueblo. En tiempos de pandemia, esta no es la excepción.

Bryan Serrano
Movimiento ciudadano Renovemos – Lima metropolitana

Referenc
Ernesto Cabral: Perú destina S/442 millones en compras sin competencia para Covid-19 https://bit.ly/2B55qpG
           Ernesto Cabral: Las compras de la pandemia: opacidad y sin competencia
        https://bit.ly/30GubTV
        Denisse Rodríguez: ¿Existe una pandemia de corrupción en Perú?
 Pulso Regional: Estudiantes de Unsaac piden con protesta acceso a internet para todos https://bit.ly/2B58pOU
       Resistencia/Revista Regional https://bit.ly/2B9aoSa 
       Augusto Lostaunau: El aporte de Karl Marx en el estudio de la corrupción

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