Barroso (de la Comisión Europea), Ángela Merkel y Rajoy en primera plana. Días antes de oficializado el rescate los rumores acerca de las presiones del capital alemán sobre el gobierno español (a través de Schaubble, ministro alemán de finanzas) eran más que evidentes y hasta escandalosos, tanto para que España recurra al Fondo de Estabilidad Financiera como al salvataje de toda la banca. Así este "rescate" ya estaba cantado en lo que pareciese ser una jugada más en el tablero ajedrez que los industriales y banqueros alemanes libran hoy en europa para mantener y llevar adelante el dominio de la moneda única.
Después de un plan de ajuste
que ha hundido a la economía española en la recesión, de una reforma laboral
que ha provocado 400.000 parados más, y de dos reformas bancarias que han
supuesto ayudas públicas a la banca privada de más de 150.000 millones de
euros, el Gobierno Rajoy ha solicitado “una línea de crédito” a los mecanismos
de la UE, hasta un techo de 100.000 millones de euros (10% del PIB).
Si no fuera trágica, y
supusiera la miseria para miles de familias, la situación seria cómica a fuerza
de patética. En el doble lenguaje que ha hecho suyo el gobierno en defensa de
la “marca España”, no se trata de un rescate sino de "un préstamo en
inmejorables condiciones". Pero la doble condicionalidad está reflejada
blanco sobre negro en el comunicado del eurogrupo: para el sector bancario y
para el cuadro macroeconómico. Es decir, más ajustes, más recortes, menos
crédito. Un nuevo trasvase de deuda privada a deuda pública.
Porque, aunque un
endeudamiento adicional del 10% del PIB -lo que situaría al Reino de España en
una deuda aproximada del 80% del PIB a finales del 2012-, no sería grave y
seguiría por debajo de muchos países de la UE, incluida Alemania, lo realmente
preocupante es que se trata de un endeudamiento que tendrán que pagar los
ciudadanos para recapitalizar la banca privada. Todo ellos para seguir
sometidos a la irracional disciplina neoliberal del gobierno del PP y de la UE.
Se rescata a los bancos privados a costa de las familias, los trabajadores, los
pensionistas y los parados. Al contrario, lo que se necesita es una banca
pública para dar respuesta a esas necesidades.
Este es el mecanismo: 100.000
millones de euros de la UE, en “condiciones más ventajosas” (¿cuáles?) que se
inyectarán como capital público en unos bancos que, a pesar de ser en buena
parte, cuando no en casi toda, de propiedad pública, tendrán que cumplir, como
primera condición, seguir siendo gestionados de forma “técnica y privada”. Es
decir, se obliga al estado a subcontratar la gestión de “su” banca pública,
para reestructurarla, vender activos, cerrar oficinas, despedir a trabajadores
y finalmente "reprivatizarla". ¿Podrá el estado poner condiciones a
su banca pública, como a quién dar crédito, la dación en pago, la compra de
bonos del estado? La respuesta de la UE es: No.
Se trata, pues, de una estafa.
Que además tendremos que pagar todos los españoles. Porque a pesar de lo que
diga un Presidente del Gobierno analfabeto económicamente, este 10% del PIB si
va a sumarse a la deuda pública. ¿Con qué legitimidad endeuda el gobierno a
cada uno de los españoles en 2.000 euros más (15.200 a finales del 2011)?
¿Dónde estaba en su programa electoral? ¿A quién ha preguntado? Por definición
no existen las “estafas democráticas”, existen simplemente las estafas, que
suelen ser profundamente antidemocráticas, como es el caso. El gobierno del PP
ha demostrado en pocos meses su incapacidad para responder a la crisis. Su
mayoría absoluta ya no se corresponde con las actuales necesidades políticas y
sociales.
CCOO y UGT han exigido un
referéndum ciudadano sobre el conjunto del plan de ajuste neoliberal del
Gobierno Rajoy. Ahora es más necesario que nunca, por pura higiene democrática.
Necesitamos un acuerdo de toda la izquierda, del movimiento sindical, del 15M,
de la ciudadanía para exigir un referéndum sobre el ajuste y el rescate, porque
no tienen legitimidad para hacerlo en nuestro nombre.
Y antes, exigimos información,
luz y taquígrafos: una auditoria de la deuda pública, una comisión de
investigación parlamentaria sobre Bankia y las otras Cajas de Ahorros en
quiebra, la acción del Fiscal General del estado sobre la responsabilidad de la
gestión de Bankia y las Cajas intervenidas…una explicación contable fiable del
estado de las cuentas públicas por Rajoy en el Congreso.
Para conseguirlo hace falta la
movilización social. Sin ignorar que las prisas se deben a que el 17 de junio
es probable que haya un gobierno de izquierda en Grecia que diga No y exija un
cambio de rumbo de la política económica en toda Europa.
Esta estafa hay que pararla en
la calle y con un referéndum.
Partido Obrero Revolucionario
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