Jo Cottenier y Pol De Vos /17/06/2012
Las crisis son momentos propicios
para forzar las cosas. Es lo que también piensa la Unión Europea. Los
partidarios del fortalecimiento radical de las competencias de la UE aprovechan
la actual coyuntura para avanzar con pasos de gigante hacia un poder de Estado
federal. La supuesta necesidad de una especie de gobierno económico y
financiero se utiliza como argumento a favor de dicho propósito. Asegurar el
euro y la zona euro es el argumento último para avanzar terreno. Los
presupuestos nacionales de los Estados miembros y sus planes económicos y
sociales se encorsetan en una camisa de fuerza y deben recibir la aprobación
de la Comisión Europea.
Paso a paso, la UE está desarrollando posibilidades
casi ilimitadas para dictar la política social de los Estados miembros: además
de las normas de Maastricht (el Pacto de Estabilidad), ahora hay un Pacto Euro plus, y el six-pack.
En este artículo se describe
la enorme transferencia de poderes de los estados nacionales a la Unión Europea
y aporta algunos elementos que podemos avanzar como marxistas para discutir de
la contra-estrategia.
La construcción de la Unión
Europea
En la primera etapa de la
unificación europea, se estableció una zona de libre comercio sobre la base de
un acuerdo entre los Estados-nación. En 1951, seis países fundaron la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), una zona de libre comercio para ambos
productos. En 1957, estos mismos países forman la Comunidad Económica Europea
(CEE), un libre intercambio generalizado, definido por el Tratado de Roma. En
su base se encuentran las cuatro libertades: libre circulación de capitales,
personas, mercancías y servicios. Con el proyecto de la Europa de 1992, se
lleva a cabo la libre circulación de personas y mercancías. Hoy en día lo que
está encima de la mesa es la libre circulación de servicios (Directiva
Bolkestein incluida).
Con el Tratado de Maastricht
(1992), la unificación da un paso decisivo hacia el establecimiento de un
cierto aparato de Estado confederal. En aquella ocasión, la zona económica de
libre comercio (CE) se complementa con dos nuevos pilares:
1º la política exterior y de
seguridad
2º la justicia y la política
interior.
El conjunto se convierte en la
Unión Europea, con su bandera e himno. En parte es intergubernamental, en parte
supranacional. El tratado prevé la formación de una unión monetaria como una
perspectiva para el año 1999, con la introducción de una moneda única (el
euro). Para realizarlo, se pone la camisa de fuerza a los Estados nacionales:
las reglas de Maastricht. La moneda única entra en circulación el 1 de enero de
2002. El Banco Central Europeo retira a los bancos nacionales la jurisdicción
de la política monetaria.
Desde el 1 de diciembre de
2009, la Unión Europea tiene una Constitución (el Tratado de Lisboa) así como
un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos poderes emiten directivas que
son decisiones obligatorias para los Estados miembro, ya que deben ser
transformadas en leyes y decretos a nivel nacional.
Por encima del nivel del
estado nacional existe, pues, una suerte de aparato de Estado confederal
europeo al que los Estados constituidos ceden de buena gana más y más
competencias. Pero la UE no es todavía un aparato estatal completo. La
unificación en el plano político, policial y militar, se logrará cuando se
pueda hablar de un federalismo europeo, con un aparato de Estado federal
europeo, con los Estados nacionales como Estados parciales sometidos. Todavía
no es esta la situación.
Jean-Claude Trichet, el
antiguo presidente del Banco Central Europeo, expresó la posible configuración
de ese futuro, a los ojos de los partidarios de Europa: "Por lo tanto,
parece cada vez más audaz el no considerar la creación de un Ministerio de
Hacienda europeo en el futuro. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas de la UE
sólo sería un componente del futuro marco institucional en Europa. Es fácil
imaginar que, tras la puesta en común de varios elementos soberanos, el Consejo
Europeo podría convertirse en el Senado de la UE, junto a un Parlamento Europeo
que jugara el papel de Cámara Baja. Del mismo modo, la Comisión Europea podría
convertirse en el ejecutivo, mientras que el Tribunal Europeo de Justicia sería
el poder judicial de la UE. Y, dada la larga y orgullosa historia de los países
europeos, no tengo ninguna duda de que la "subsidiariedad" jugará un
papel importante en la Europa del futuro - significativamente mayor que en los
actuales modelos de la federación."[2]
La Unión Europea como
construcción imperialista
La UE es una máquina de guerra
económica contra las grandes potencias rivales, contra los países emergentes,
contra el mundo y contra su propia clase obrera. La formación de bloques en el
mundo esta a punto de llevarse a cabo de manera acelerada. Durante la última
década, hemos sido testigos de un rápido ascenso de los países emergentes
(Brasil, Rusia, India y China - los BRIC). Las relaciones de poder evolucionan
hacia un mundo más multipolar, aunque Estados Unidos todavía mantienen su
hegemonía a través de la superioridad militar.
La burguesía europea está
luchando por la supervivencia del euro por razones estratégicas, por su lugar
en el nuevo orden mundial. Como afirma Jean-Claude Trichet: "Europa tiene
que enfrentarse a un nuevo panorama geopolítico, que está remodelándose
profundamente por estas economías emergentes. Dentro de esta nueva constelación
global, la integración europea - tanto económica como política - es fundamental
para mantener nuestra prosperidad y nuestra influencia."
La UE ejerce su dominio sobre
países y zonas de influencia ante todo como aliado en la OTAN. Ahí existe un
interés común con el imperialismo de EE.UU. A pesar de algunas
"diferencias de estilo" y pequeñas fricciones allí donde se
contraponen algunos intereses, la política exterior de la UE sigue en la misma
dirección, en gran medida, que la de los Estados Unidos. La UE sigue a los
EE.UU. en el bloqueo contra Cuba (aunque hay divisiones internas) y pone los
mismos requisitos a China. Además, los países europeos han mantenido sus
antiguos lazos coloniales. No es sorprendente pues que haya un conflicto de
intereses al interior de Europa, como en el caso de Túnez, Libia o la República
Democrática del Congo (entre Bélgica y Francia).
La formación de este bloque
también sirve para llevar a cabo una política interior conjunta que haga recaer
la crisis sobre las personas que trabajan, para el desmantelamiento de los
salarios y la seguridad social, para la introducción de la «flexiguridad», para
los ataques contra el derecho de huelga, etc. Paso a paso, la libertad de
expresión se ve amordazada, como por ejemplo, en el caso de la prohibición de
partidos comunistas.
Las competencias de la UE y de los Estados miembros
El Tratado de Lisboa actualiza
y reúne los tratados anteriores y clarifica el reparto de competencias entre la
Unión Europea (UE) y los Estados miembros. Se introduce por primera vez una
clasificación precisa, distinguiendo tres tipos de competencias:
las competencias exclusivas, las competenciascompartidas y
las competencias de apoyo. Además también hay una serie de
competenciasespecíficas.[3]
Las competencias
exclusivas son áreas en las que sólo la UE puede legislar y tomar
decisiones jurídicamente vinculantes. El papel de los Estados miembros se
limita a la aplicación de estas decisiones, salvo cuando la UE les mandata
adoptar ciertas decisiones ellos mismos. A esta categoría pertenecen la
normativa aduanera, las normas sobre la competencia y la política monetaria.
Dependen, por ejemplo, la decisión sobre las condiciones de competencia que
igualan a las empresas públicas y privadas, con, entre otras medidas, la
prohibición de los monopolios estatales y de los subsidios. Las directivas
postales y ferroviarias son otro componente.
En las competencias
compartidas, tanto la UE como los Estados miembro tienen potestad para
adoptar decisiones legales vinculantes. Aún así los Estados miembro no pueden
ejercer su jurisdicción mientras la UE no haya ejercido la suya o haya decidido
no hacerlo. En las competencias compartidas, funciona el principio de
subsidiariedad: esto significa que la UE sólo puede intervenir si es capaz de
hacerlo con más eficacia que los Estados miembros.
A esta categoría pertenecen
las reglas del libre mercado. Determinan todas las políticas de liberalización
de la circulación de bienes, servicios, capitales y personas (Directiva
Bolkestein).
Algunas competencias sociales
también pertenecen a este grupo, como la promulgación de las directrices que se
fijan las disposiciones mínimas de seguridad, condiciones laborales, de
protección y de seguridad social, la protección en caso de despido, la
representación colectiva o el trato equivalente entre hombres y mujeres. La UE
también puede emitir directrices sobre legislación laboral y sobre las que los
interlocutores sociales europeos lleguen a acuerdo. Así tuvo lugar la Directiva
sobre el desplazamiento de trabajadores (a igual trabajo, igual salario en el
trabajo interfronterizo), las directivas sobre el trabajo temporal, sobre el
trabajo a tiempo parcial, sobre la jornada laboral máxima y la no
discriminación.
También se incluyen en esta
categoría: la agricultura y la pesca, los transportes, las redes transeuropeas,
la energía, la cohesión económica y social, el medio ambiente, la salud pública
y la protección del consumidor.
En las competencias de
apoyo, la UE sólo puede apoyar, coordinar y completar las iniciativas de
los Estados miembros. Por lo tanto, no tiene competencias legislativas en estas
áreas y no puede intervenir. Las decisiones están reservadas a los Estados
miembro. Aquí se incluyen la política industrial, la educación, la formación
profesional y de los jóvenes, la cultura, el deporte, la protección contra los
desastres o la ayuda al desarrollo.
Por último, hay competencias
específicas. Así, la UE tiene potestad para asumir la coordinación de las
políticas económica y de empleo.
Hasta ahora hemos hablado de
"competencias explícitas", es decir, de competencias formalmente
identificadas y descritas. Pero también hay competencias subsidiarias
no mencionadas: el Consejo Europeo (la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de todos los Estados miembro) tiene la capacidad de tomar por
unanimidad las medidas que considere necesarias para alcanzar alguno de los
objetivos del Tratado en coherencia con el mercado europeo. Por ejemplo, la
política fiscal, la seguridad social. En la práctica, esto significa que hay un
derecho de veto: si un Estado miembro no está de acuerdo, la propuesta es
rechazada.
Transferencias recientes
A principios de marzo de 2012,
25 de los 27 Estados miembros firmaron el "pacto de estabilidad",
vinculante o, según su nombre completo, el Tratado sobre estabilidad,
coordinación y gobernanza. A este tratado se le conoce como el Fiscal
Compact –tratado fiscal - y exige que todos los Estados miembros
reduzcan su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB (con el equilibrio
como objetivo permanente). Este margen del 3% se destina sólo a una política
contracíclica, no al déficit estructural. El aumento del gasto no puede exceder
el crecimiento económico y la deuda pública debe reducirse a menos del 60% del
PIB. Los países cuya deuda pública sea mayor deben eliminar cada año 1/20ava
parte de diferencia: en el caso de Bélgica, esto equivale a una reducción de la
deuda de más de 20 mil millones los próximos tres años. Los países con alto
nivel de deuda serán especialmente vigilados de cerca y se espera de ellos
esfuerzos más importantes durante los próximos años. A partir de 2014, se podrá
imponer una multa del 0,2% del PIB si no se cumplen esos objetivos. Para
Bélgica, ascendería aproximadamente a 700 millones de euros. También se abordan
otros desequilibrios macroeconómicos (la balanza comercial, la competitividad,
la cuenta corriente). La clave es que en estas intervenciones en el presupuesto
nacional, y por lo tanto en el gasto público, se pone en cuestión toda la
distribución de las competencias descritas anteriormente.
Ya en mayo de 2010, el Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera (MEEF) se establecieron como órganos intergubernamentales. El
primero decide el apoyo financiero a los países en dificultades, el segundo
asegura estos préstamos financiados por el presupuesto europeo. Desde julio de
2013, los dos cuerpos serán reemplazados por el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MES), un mecanismo permanente de lucha contra la crisis con un
presupuesto de 500 millones de euros que puede prestar bajo estrictas
condiciones, y permaneciendo ligados a los programas macroeconómicos de
adaptación.
Desde 2011 entra en
funcionamiento el Semestre europeo. Entre enero y junio, los Estados miembros y
la Comisión Europea discuten juntos todas las reformas estructurales, medidas
de crecimiento y auditorías fiscales. La segunda mitad del año se utiliza para
aplicar las decisiones en los Estados miembros.
El Pacto Euro Plus se firmó en
marzo de 2011 y refuerza las reglas en materia de competitividad, empleo, gasto
y fortalecimiento de la estabilidad fiscal.
El six-pack es el nombre
colectivo de seis paquetes legislativos que subyacen a la gobernanza
económicade la UE. Cuatro propuestas atañen a la disciplina fiscal,
mientras que dos nuevas ordenanzas afectan al diagnóstico temprano y las
medidas eficaces sobre los desequilibrios macroeconómicos en la UE y la zona
euro. El incumplimiento de estas nuevas obligaciones europeas conllevará
sanciones.
Por lo tanto, el poder de la
UE en términos de política fiscal, de política macroeconómica y de reformas
estructurales se fortalece enormemente. No es de extrañar que Etienne Davignon[4] esté entusiasmado: "La crisis
de la deuda del año pasado fue preocupante para Europa. Sin embargo, el
resultado podría ser positivo. Hace doce meses, la zona euro no tenía
legitimidad legal comparable a la de la Unión Europea. Hoy en día, ya la tiene.
[...] El famoso six-pack, las medidas para evitar que los Estados miembros
acaben nuevamente en problemas a causa de sus deudas, fue una transferencia muy
importante de la soberanía nacional a Europa. Si me hubierais preguntado hace
un año, si los Estados miembro estarían listos, yo probablemente lo
hubiera dudado."[5]
La construcción del Estado
supranacional europeo y el desmantelamiento de la soberanía nacional
Aunque el proceso de
desarrollo es incompleto, la Unión Europea es un hecho. Esta realidad es
irreversible. Esto no es incompatible con la enorme fragilidad de la Unión
Europea y la zona del euro en la crisis actual. Las grandes tensiones
económicas y políticas pueden hacer estallar la zona euro. O algunos países
también pueden salir de la Unión y hacer tambalearse todo el trabajo de
edificación. Pero aunque la UE y la zona euro tengan graves problemas debido a
la crisis o se desmoronen, nunca sería para volver a los estados nacionales. El
proceso ha ido demasiado lejos. Nos veremos confrontados a una unidad
supranacional, tal vez con otra forma: una Europa de dos velocidades (un núcleo
y la periferia europea). Por otro lado, hemos hablado de cómo la crisis actual
es una oportunidad única para Europa de apropiarse de una serie de nuevas
competencias - especialmente económicas.
Hoy en día vemos cómo, a pesar
de todas las contradicciones, las élites económicas y políticas de Europa están
luchando juntas para superar la crisis del euro, de la zona euro y de la Unión
Europea. Asistimos a una movilización general de empresarios, partidos
políticos, grupos de presión patronales para dar más poder a la Unión Europea.
Por tanto, aunque los Estados
nacionales sigan existiendo (incluso en una Europa federal) y aunque haya
contradicciones entre la burguesía de los distintos países puede existir una
burguesía europea. Está en pleno desarrollo. Es visible en los grupos
financieros europeos que trascienden las fronteras, como el que estaba activo
durante el fraccionamiento de la "intocable" Societé Générale,
"nuestro" holding nacional. Y también en las organizaciones de
empresarios y grupos de presión en Europa (como la Mesa Redonda Europea de Industriales) y en los
partidos políticos europeos que han desarrollado, mayoritariamente, una especie
de partido europeo confederal, con un programa europeo común.
A pesar de las numerosas
contradicciones, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, todos
los líderes políticos y empresariales hablan el mismo lenguaje de capacidad
competitiva y de competitividad frente a otras economías y regiones de reciente
aparición. En base a esto, en cada Estado miembro, esta burguesía europea se
deshace voluntariamente de competencias para cedérselas al Estado supranacional
en construcción. Este abandono de competencias no se basa en ningún tipo de
opresión imperialista por parte de la Comisión Europea contra las burguesías de
los diferentes países.
Aunque hoy en día, la
burguesía alemana es la fuerza dominante y la capital alemana está emergiendo
como la más fuerte de la Unión Europea y la zona euro, no podemos hablar de
opresión nacional. Como afirma el Partido Comunista de Grecia (KKE):
"Grecia no está "ocupada" por la Comisión Europea (CE), por el
Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (Troika)."
El KKE subraya el hecho de que la plutocracia griega es totalmente cómplice.
Grecia no es una neo-colonia. La UE es una unión voluntaria, con un desarrollo
desigual.
¿Qué posición frente a la UE
en desarrollo? ¿Qué hay de progresista y de reaccionario en la construcción de
la Unión Europea?
Desde un punto de vista
económico, la centralización de las fuerzas productivas más allá de las fronteras
nacionales va en el sentido de la historia y por tanto es progresista. Este
proceso ya fue descrito por Marx en el Manifiesto Comunista, en la
formación de estados nacionales. Pero, desde un punto de vista político, la UE
es una máquina de guerra reaccionaria para la puesta en marcha de los grandes
monopolios europeos contra otros bloques económicos y contra su propia
población trabajadora.
Aunque se centralicen las
fuerzas de producción no es necesario un aparato político de Estado en sí
mismo. No hay leyes acerca de la centralización política, mientras que la
economía, de hecho, se ajusta a leyes. Pero la burguesía ha optado por la
creación de este aparato de Estado supranacional, motivada, naturalmente, por
el deseo de mejorar la resistencia frente a otras potencias económicas
mundiales, como las llamadas potencias emergentes. Pero esta elección de una UE
unificada es más bien una huida hacia delante, en términos económicos, asociada
a una decisión política para forzar a las economías muy desiguales en una misma
cerca, y ahora se ven las consecuencias.
¿Reformar Europa?
Algunos aspiran a "una
Europa más social y democrática". Y "quieren iniciar relaciones más
justas" con otros bloques y con el Tercer Mundo. Esta corriente quiere
reformar el aparato del Estado europeo para hacerlo más social, democrático y
anti-imperialista.
Asistimos en este caso a una
repetición a nivel supranacional de una contradicción política fundamental que
también se da a nivel nacional: ¿debemos limitarnos a corregir las deformaciones
más negativas del sistema económico y político o debemos construir una sociedad
distinta ? Sin embargo, como un Estado-nación no puede ser democrático y
social, mientras los grandes grupos capitalistas impongan su ley a toda la
sociedad, mientras decidan lo que se produce y dónde se produce, mientras
decidan quién recibe dinero y por qué, mientras puedan - a través de su poder
financiero - influir de todas las maneras posibles en las decisiones políticas,
el aparato de Estado europeo tampoco podrá ser "mejorado"
fundamentalmente. Esto requiere un cambio esencial. Esta es una línea divisoria
entre los partidos comunistas consecuentes y el Partido de la Izquierda
Europea.
Luego, por supuesto, también
está el punto de vista "socialdemócrata", que pretende defender una
Europa social. Sin embargo, los propios partidos socialdemócratas europeos han
participado en la construcción de esta Europa neoliberal e imperialista. Cuando
ocuparon los puestos de primer ministro en once de los quince Estados miembros,
no vacilaron en poner en marcha la liberalización de los servicios públicos y
aprobar los objetivos de Lisboa en 2010. Y también hoy siguen siendo
partidarios de una gran potencia europea. La pequeña capa de pintura social que
sacan "a veces", "un poco", "de tiempo en tiempo"
no cambian mucho.
¿Un retorno a la independencia
nacional?
También existen otras
corrientes que desafían a la formación de un Estado europeo. Algunos abogan por
un retorno a los Estados nacionales. Sin embargo, esta estrategia se basa en la
ilusión de que hay una diferencia cualitativa entre el carácter de clase del
Estado europeo supranacional y la construcción del Estado nacional. Si esta
diferencia existiese realmente, efectivamente se podría defender una estrategia
de retorno a la soberanía nacional y podríamos proponer una estrategia en dos
etapas, en la que, tras el retorno al estado nacional, vendría una lucha por
una sociedad socialista.
Pero son los propios Estados
nacionales, con altibajos, impulsados por los grandes monopolios, los que
renuncian paso a paso a su soberanía para construir un potente aparato europeo.
Esto significa que el carácter fundamental del aparato europeo no difiere del
de el Estado nacional. Supongamos que mañana Francia sale de la Unión Europea.
¿Qué clase estaría en el poder?
El futuro no está en el
regreso a los Estados nacionales soberanos. Defendemos la unificación europea,
pero sobre otra base.
De modo que no estamos de
acuerdo con el punto de vista que aboga por una estrategia en dos etapas.
Primero un cambio democrático en el plano nacional con la restauración de la
soberanía nacional frente a Europa, y después un cambio socialista. La fase
democrática nacional sería dejar Europa y organizar el retorno completo hacia
un Estado nacional. Un punto de vista similar al defendido por las fuerzas
políticas que están por la salida de la Unión Europea como requisito previo
para comenzar a partir de entonces la lucha por el socialismo. Esto equivale a
considerar el Estado europeo como algo cualitativamente diferente del Estado
nacional. La tradición revolucionaria de la soberanía francesa,[6]por ejemplo, está en contradicción con el
hecho de que la propia Francia es una gran potencia imperialista (que no duda
en intervenir militarmente en África, como en Ruanda o en Costa de Marfil ). La
burguesía francesa se convirtió en parte de la burguesía europea con el fin de
llevar a cabo sus ambiciones de gran potencia.
Una estrategia europea
Incluso sin la existencia de
la Unión Europea, la entidad geográfica Europa nos obliga a pensar acerca de la
colaboración dentro de este marco. Con la creciente internacionalización de la
economía, soñar con una sociedad socialista en Bélgica aislada en medio de un
continente europeo capitalista es una ilusión. La construcción del socialismo
en Bélgica, inevitablemente, formará parte de los cambios radicales en el mundo
entero, en Europa o en Europa Occidental, cambios ligados a una crisis profunda
en los países de Europa occidental y que llevará al fracaso total de sus
estructuras económicas y políticas.
El hecho de que, además, los
Estados Unidos de Europa estén hoy en construcción pone de relieve de manera
todavía más evidente esta necesidad de una estrategia más amplia. Porque el
movimiento anti-capitalista de un país no sólo debe revertir radicalmente la
política de su propio país, sino también enfrentarse a las estructuras
europeas. Esto nos obliga a pensar y actuar en el marco de la UE.
La lucha por el socialismo se
enfrentará, inevitablemente, a una estructura de Estado nacional y europeo.
Actualmente no se puede precisar si el movimiento para el establecimiento de un
poder democrático popular se hará por un grupo de países que se separen de la
Unión o por todos los países europeos juntos. Inevitablemente, la construcción
de una Europa socialista se extenderá durante un largo período, con una
sucesión de diversos movimientos revolucionarios en los que se impliquen partes
más o menos importantes de Europa en función de la naturaleza y gravedad de las
contradicciones. La UE y sus instituciones podrán entonces dar paso a una
federación de Repúblicas Socialistas formada por países que vivirán una
transformación socialista.
Esto muestra la importancia
estratégica de las actividades internacionales a escala europea.
¿Afirmaciones positivas o
negativas frente al super-Estado europeo en construcción?
Ahí donde está claro que
debemos luchar contra la UE y su política antisocial, antidemocrática e
imperialista y rechazarla mediante reivindicaciones negativas parte de la
pregunta: ¿qué pasa con las reivindicaciones positivas que hagan hincapié en
algunas reformas concretas?
En la práctica, durante la
cumbre de la UE en Bruselas en diciembre de 2001, el PTB ya dio el paso para hacer afirmaciones
positivas respecto a las autoridades europeas. Durante la manifestación
sindical europea D13. En esa ocasión, elaboramos un folleto que recogiendo
algunas demandas sociales y democráticas, como el salario mínimo europeo y la
eliminación de los artículos del Tratado de Maastricht que someten a las
empresas públicas a las reglas de la libre competencia y del mercado (es decir,
la prohibición de los monopolios públicos, la prohibición de las subvenciones,
la prohibición de distorsionar la competencia, las empresas estatales).
En las elecciones europeas de
2004 y 2009 el PTB también desarrolló una "Plataforma Europea de
reivindicaciones", con diversas categorías de reivindicaciones en las que,
además de las exigencias negativas, muchas de ellas también eran positivas:
- Reivindicaciones sociales,
como un salario mínimo europeo, la generalización de la indexación automática
de los salarios a la inflacción, la pensión a los 55 años para las mujeres y
los 60 para los hombres, a igual trabajo igual salario e iguales condiciones
(para el trabajo transfronterizo) , un trabajo adecuado y conveniente
para todos (un máximo de 40 horas semanales y 8 horas por día), la educación
gratuita para todos.
- Reivindicaciones económicas,
incluyendo un impuesto europeo sobre los millonarios, una banca pública
europeas, sanciones contra las empresas rentables que cierran o deslocalizan,
normas ambientales más estrictas, especialmente para la industria, el cierre de
los paraísos fiscales en la UE y las sanciones contra las transacciones a los
paraísos fiscales fuera de la UE, la protección de los agricultores y la
eliminación de los subsidios a la agroindustria, contratos agrícolas
justos con el tercer mundo.
- Exigencias democráticas como,
entre otras, derechos políticos y sindicales, una política de inmigración
basada en criterios objetivos y humanos, el derecho a un referéndum europeo.
- Una revisión de los Tratados
de la UE de manera que las directivas de la UE no puedan imponer la regresión
social, si no sólo una nivelación hacia arriba (es decir, imponer normas
mínimas), la eliminación de la prohibición de los monopolios públicos y los
subsidios a las empresas estatales, la no sumisión de los servicios de
utilidad social a las normas de competencia así como la eliminación del Tratado
de Lisboa (Constitución Europea).
- Reivindicaciones acerca de las
instituciones europeas: el poder legislativo debe estar exclusivamente en manos
del Parlamento Europeo, la retirada de la OTAN y no la construcción de un
ejército europeo.
¿Estás múltiples exigencias
eran correctas?¿O el rechazo de la consigna a favor de la "Europa
social", quiere decir que no podemos defender ninguna reforma del Estado
europeo? ¿Sólo hacemos reivindicaciones negativas ("contra") o
luchamos también por cambios positivos en el interior de este superestado
europeo? ¿Qué consignas y demandas debilitan "el Estado europeo de las
multinacionales" en construcción y cuáles le refuerzan?
Debemos estudiar el desarrollo
de las contradicciones de la política social y económica con el fin de formular
rápidamente consignas negativas que tengan como objetivo debilitar el poder
económico, político y militar de la Unión Europea
Estas reivindicaciones deben
tener la ambición de aumentar la conciencia de los trabajadores en Europa acerca
de la necesidad de una Europa totalmente diferente, sin explotación y sin el
objetivo de dominar a otros países y otros pueblos. Es necesaria una nueva
forma de gobierno. Nosotros la resumimos con el término "socialismo".
Hay dos tipos de argumentos contra
las reclamaciones intermedias positivas: en primer lugar, el que hace hincapié
en la singularidad del estado supranacional y, en segundo lugar, el que afirma
que creamos ilusiones sobre la construcción de una Europa social a través de
reformas graduales.
"La singularidad del
Estado supranacional"
Según los defensores de este
punto de vista, el Estado supranacional europeo tiene un carácter particular,
aún más antidemocrático. Como es natural, conviene debilitarlo - o incluso
disolverlo - y hacer afirmaciones positivas sería equivalente a reconocer las
competencias. En su lugar, debemos rechazarlas y combatir cualquier nueva
transferencia de la soberanía nacional.
"En la actualidad la UE
es la entidad estatal más peligrosa y más agresiva para la clase obrera. Luchar
por la democratización de la UE siembra ilusiones y fortalece de facto a la
entidad estatal de las multinacionales. Tenemos que crear un movimiento
anti-UE internacionalista y oponernos a cualquier ampliación de las
competencias de la UE ", escribie un partidario de esta tendencia.
La distinción entre dos
burguesías, una pro-fascista y una democrático-burguesa existía en los años
1930 y 1940. Difícilmente se puede decir que esta distinción sigue existiendo
en lo que concierne a la construcción de la Unión Europea y en todo caso
no existe en términos de lo que concierne a la política de de esta UE. Por lo
tanto, este argumento se cae. Partimos por tanto de la realidad de que este
Estado supranacional en construcción existe y que requerirá la misma lucha que
contra el Estado nacional, si queremos cambiarlo de manera fundamental (con la
participación de diferentes pueblos).
A esto se suma un importante
debate en relación a lo que significa "debilitar" la UE. Si
"debilitar" significa "eliminar las competencias" para
llevarlas a nivel nacional, entonces tenemos un problema. ¿De qué sirve
desplazar las competencias si, en manos del Estado nacional, se utilizan de
manera igualmente reaccionaria? Tomemos el ejemplo de Noruega, que no es
miembro de la UE. Los trabajadores noruegos están en mejor situación, no porque
su país esté fuera de la UE, sino porque Noruega tiene petróleo. Pero sufrieron
igualmente una reforma de las pensiones y el desmantelamiento fue mucho más
allá que en Bélgica. El debilitamiento real de la UE se da a través del
fortalecimiento del movimiento obrero, aumentando su fuerza de choque y su
conciencia, guardando los resultados parciales y dirigirlos contra la política
de la UE en su conjunto. La formulación de reivindicaciones intermedias tiene
como objetivo principal contribuir a ello.
Al igual que lo hacemos en el
plano belga, también podemos reclamar reformas sociales y democráticas a nivel
europeo, siempre que contribuyan al objetivo político final, el socialismo.
"Llevar adelante
reivindicaciones positivas crea ilusiones sobre la posibilidad de una
Europa social"
Naturalmente, hay una
distinción entre la ilusión de que la UE vaya a ser un día "social" y
el hecho de exigir reformas de las instancias europeas. Esta distinción está
clara respecto al Estado belga, no estamos luchando por una "Bélgica
social", si no por una Bélgica socialista. Esto no nos impide exigir
reformas.
Algunos consideran que
promulgar demandas positivas siembra ilusiones sobre el carácter de la Unión
Europea.
"El problema no es
"dejar caer" la defensa de las conquistas sociales nacionales o no
tener el objetivo común de una Europa socialista. La pregunta que surge es si
hay que luchar o no por la desaparición de la Unión Europea, tal y como se construye
hoy. Exigimos generalizar las conquistas sociales y los derechos a todos los
trabajadores de Europa. Nosotros no llamamos a hacer políticas europeas
(ilusorias), si no a recoger estas mismas exigencias desde abajo. Al mismo
tiempo, denunciamos el hecho de que esta construcción europea es la que lo hace
imposible y que hace falta una integración sobre otra base (democrática,
social...). Nuestras demandas deben llegar a poder demostrar al ser recibidas
que las reivindicaciones sociales y democráticas "realistas" son imposibles de
cumplir en esta construcción europea y que hace falta evitar reforzar las
ilusiones sobre una posible "Europa social". Con esta misma
perspectiva, apoyamos y organizamos la solidaridad con todas las luchas
nacionales. Defendemos un internacionalismo sobre la base de la defensa de las
conquistas nacionales de los diferentes países y su generalización a toda
Europa."
Esta posición abandona la
lucha por las reformas a nivel europeo, en nombre del carácter de clase de la
Unión Europea. ¿Pero en nombre de qué nos batimos entonces por reformas a nivel
nacional?
Esta lucha concreta por
cambios es necesaria debido a que mejoran las condiciones de vida y de trabajo,
y al mismo tiempo son una "escuela" que permite descubrir la fuerza
colectiva y para aprender a desarrollar y poner en práctica una orientación
política. Pero, al mismo tiempo, nos damos perfecta cuenta que las conquistas
no podrán ser duraderas en ningún terreno mientras los monopolios capitalistas
y las multinacionales tengan el poder. Estos múltiples movimientos de lucha y
las experiencias diversas, sin embargo pueden converger para formar un
movimiento aún mayor a favor de un cambio de sociedad.
Lo esencial es: ¿queremos
dividir al movimiento por las concesiones y limosnas y hacerle abandonar la
lucha de clases, o buscamos lemas que eleven la conciencia del movimiento? Si
esto es cierto con respecto al Estado nacional, ¿por qué no habría de serlo
respecto al estado supranacional?
¿Qué reivindicaciones formular
y a qué nivel?
Debemos partir de dos cosas.
En primer lugar, con el propósito mencionado, de formular reclamaciones que
sean anti-capitalistas, que ayuden a mejorar la correlación de fuerzas y
aumenten la conciencia (que por tanto no crean ilusiones). En segundo lugar,
tenemos que observar muy concretamente la realidad del reparto de
competencias entre la UE y los estados nacionales, tal y como está hoy en día.
¿Qué reivindicaciones podemos hacer en las distintas competencias que hemos
mencionado más arriba?
Debemos examinar si las reivindicaciones
presentadas hacen avanzar en las luchas y el nivel de conciencia a nivel
nacional y europeo. La exigencia de un impuesto a los millonarios en el
conjunto de Europa estimula el debate sobre las siguientes cuestiones: ¿quién
debe pagar la crisis y por qué los bancos y los monopolios son cada vez más
ricos?
Una toma de posición global
frente a las competencias de la UE
Cualquier cambio de
competencias requiere una modificación del Tratado de Lisboa (la Constitución de
facto). Al igual que en Bélgica, donde nuestra alternativa a la
constitución nacional es una constitución socialista, del mismo modo, nuestra
alternativa al Tratado de Lisboa también es una constitución socialista. Al
igual que el plano belga luchamos por reivindicaciones específicas en relación
a la constitución (como los derechos democráticos y las libertades
fundamentales), también debemos hacerlo con el Tratado de Lisboa.
Entre otras cosas sostenemos
que los derechos democráticos fundamentales sean inviolables. Esencialmente,
esto significa que no se deben colocar en pie de igualdad con las famosas
"cuatro libertades", según lo dispuesto en la actual reforma Monti 2.
Así, la UE tiene la intención de prohibir las huelgas contra el dumping social
practicado por las empresas transfronterizas.
Por tanto reivindicamos que
las empresas públicas no estén sometidas a las normas de la competencia, si no
que reciban el estatus de servicio público. Al mismo tiempo, sostenemos que los
sectores sociales y culturales, la educación y el deporte se lleven a cabo
fuera de los mecanismos de mercado.
Otra demanda importante es que
la UE no tenga derecho a imponer el desmantelamiento social de los Estados
miembros. O, en otras palabras, es necesario que la UE sólo pueda iniciar una
espiral social ascendente, imponiendo normas mínimas.
Las competencias exclusivas
(en las que sólo la UE puede adoptar leyes y decisiones vinculantes)
Tomemos el ejemplo de Correos.
En 1998, la Comisión presentó un documento en el que se dice que los servicios
postales están sujetos a las condiciones de competencia, de conformidad con una
sentencia del Tribunal de Justicia (los servicios postales de los Países Bajos
en contra de la Comisión Europea, 1992). Las condiciones de competencia se
definen en los artículos 81 a 89 del Tratado de Maastricht (artículos 101 a 109
del Tratado de Lisboa): no a la convención de precios, no a la posición de
poder (monopolio), no al apoyo estatal. Esto se aplica igualmente a las
empresas públicas "siempre y cuando su aplicación no impida el
rendimiento, de hecho o de derecho, de la misión particular confiada a
ellos." La misión particular confiada a ellos, es la distribución
universal del correo. En cada municipio, debe haber al menos una vez por día
laborable una llegada, un envío y una entrega de los envíos postales.
Con este espíritu se
elaboraron las directivas postales europeas de 1997, 2002 y 2008, para la
progresiva liberalización del sector postal. Estas directrices determinan las
condiciones de competencia y prohíben "subvenciones cruzadas",
gracias a los cuales los sectores rentables (envío por correo) ayudan a los
servicios deficitarios (oficinas de correos).
Bélgica inscribió las
condiciones de la liberalización en la ley de 1991 sobre la reforma de las
empresas públicas y del servicio universal, confiado a Poste. Estas condiciones
fueron establecidas en los contratos de gestión entre la administración de La
Poste y el Estado belga. El resultado es conocido: la racionalización
(Géoroute), la reducción de personal, cierre de las oficinas de correos y su
sustitución por puntos de correos, la introducción de
"distribuidores" de correo mal pagados, y por lo tanto baratos. Todo
esto ha sido esencial para preparar a la empresa pública (La Poste) a competir
con la empresa privada.
Ni que decir tiene que
luchamos contra todas estas medidas de liberalización (es decir, demandas
negativas). En consecuencia, es lógico formular demandas concretas en relación
a los artículos 101 a 109 del Tratado de Lisboa, a saber, la garantía del
estatus de "empresa pública", con el derecho a subvenciones, a
subsidios cruzados y el derecho de monopolio.
En la medida en que el Estado
europeo determina las reglas, todas las nacionalizaciones en Europa deberían
tener en cuenta las condiciones del mercado y competencia impuestas por la UE.
No tiene sentido exigir la nacionalización en un Estado miembro de la UE sin
impugnar estas normas europeas. Carece igualmente de sentido exigir sólo
nacionalizaciones a nivel de un Estado miembro. Los monopolios y los bancos en Europa
son transnacionales, ¿por qué las empresas públicas no podrían serlo? Los
estados belga, luxemburgués y francés tienen una participación minoritaria en
Fortis. ¿Por qué no podrían manejar un banco público? ¿O una sociedad de
correos pública? ¿O iniciativas públicas sobre el medio ambiente? ¿Por qué
tendríamos que reivindicar esto a nivel nacional y no en el plano
europeo?
Las competencias
compartidas (en las que los Estados miembros podrán ejercer su jurisdicción
sólo en la medida que la UE no haya ejercido la suya o haya decidido no
hacerlo)
Queremos interpretar esta
categoría aplicando el principio de que la UE sólo pueda aplicar una espiral
ascendente y no una descendente. Por eso formulamos reivindicaciones que
impongan normas mínimas en toda la UE, como un salario mínimo en función del producto
interno bruto (PIB) per cápita. Además, queremos registrar formalmente en la
Constitución (Tratado de Lisboa) que la UE no pueda organizar el
desmantelamiento, en otras palabras, que los Estados miembros no tengan el
derecho de imponer condiciones más estrictas que las normas mínimas.
Competencias de apoyo y
competencias particulares (en las que la UE carece de competencias
legislativas, sólo puede apoyar, coordinar o complementar los esfuerzos de los
Estados miembros)
En este terreno, la UE no
puede situarse en el lugar de las leyes nacionales y por lo tanto no puede
aplicar[**1] ninguna sanción. No puede haber
transferencia de competencias a la UE. Esto se aplica a áreas como la
industria, el turismo, la educación, la cultura y el deporte.
La política económica y la
política laboral, también, son competencias especiales. Aquí, la UE sólo puede
intervenir coordinando al precisar las líneas de trabajo. Un ejemplo son las
normas de Lisboa de 2010 y las de Europa 2020 sobre el empleo.
¿Qué pasa con los impuestos
y por lo tanto también, por ejemplo, con la reivindicación a favor de un
impuesto europeo a los millonarios? Son las denominadas responsabilidades
subsidiarias (sobre las que en la práctica existe un derecho al veto, en que un
sólo voto en contra en el Consejo Europeo es suficiente para rechazar la
propuesta)
La UE no tiene competencias
para armonizar los impuestos directos y cotizaciones sociales y sólo puede dar
indicaciones para hacerlas concordar.
En materia de impuestos, sin
duda no abogamos por la transferencia de competencias a escala europea.
Sin embargo, el Consejo puede
tomar medidas excepcionales (y medidas relacionadas con la seguridad) por
unanimidad para alcanzar las metas de la comunidad aún sin tener competencia
formal para este fin (artículo 352 del Tratado de Lisboa).
En resumen, nada impide la
aplicación de un impuesto nacional sobre los millonarios. No queremos que esta
propuesta dependa de la simultaneidad Europea. Pero también, al igual que una
tasa Tobin a nivel europeo, igualmente puede ser votado un impuesto a los
millonarios.
Dado que una sola voz en contra
es suficiente para impedir dicha medida Europea, esta reivindicación es útil
para establecer una campaña conjunta sobre esta cuestión en todos los países de
la Unión. En los países donde el gobierno opone su veto, la campaña puede
recibir una dinámica adicional.
Los impuestos sólo son
competencia de la UE si atañen a la competencia y el libre mercado. Por
ejemplo, la UE podría tomar medidas contra los paraísos fiscales, ya que ha
tomado recientemente medidas contra Irán: como parte de las sanciones contra
Irán, la UE ha publicado una orden que prohíbe transacciones financieras,
después de lo cual treinta bancos iraníes fueron excluidos del sistema de pagos
internacional SWIFT. ¿Por qué no sería posible para los paraísos fiscales?
¿Qué reivindicaciones estructurales
sobre el Banco Central Europeo (BCE), como la exigencia de un reajuste de la
deuda o bonos europeos?
Las propuestas de
reivindicaciones intermedias a este respecto empujan en la dirección de una
mayor conciencia, y su objetivo es fortalecer la movilización anti-capitalista.
No defendemos reivindicaciones que alimentan ilusiones en las autodenominadas
soluciones fundamentales para solucionar la crisis, y que no son - como
el desarrollo de una política anticrisis keynesiana. Todas ellas llevan a las
siguientes propuestas:
* Otro estatus para el Banco
Central Europeo, de modo que su acción no se concentre en la lucha contra la
inflación, si no que también pueda provocar una intervención política contra la
crisis mediante intervenciones en el crédito, las compras de bonos del Estado,
préstamos a los estados en lugar de préstamos sólo a los bancos.
* El lanzamiento de
euro-obligaciones (o euro-bonos) a través los cuales los Estados miembros en
dificultades puedan pedir prestado a la misma tasa de interés que el país más
fuerte. Es una forma de solidaridad que actualmente rechaza Alemania. (Véase el
artículo de Henri Houben en esta edición.)
* Una auditoría de las deudas
para determinar dónde está la deuda de los Estados para que estas deudas se
salgan del mundo financiero.
Las recientes transferencias:
una violación inaceptable de los derechos soberanos
Combatimos la toma de poder
autoritaria mediante la imposición de un gobierno económico europeo, ya que es
una intervención inaceptable contra la democracia y la soberanía popular.
Luchamos contra todas las medidas derivadas de la aplicación del semestre
europeo y las sanciones que resulten de la aplicación del six-pack.
Existe un creciente problema
de soberanía popular y de democracia popular - "el poder se desliza de las
manos de la gente". Hay por tanto un problema de legitimidad democrática,
tanto a nivel belga como a nivel europeo, donde se siente aún más. La
influencia de los ciudadanos sobre la política sigue disminuyendo. Desde la
perspectiva de la soberanía del pueblo, un votante de Bélgica no tiene ninguna
influencia sobre los delegados alemanes en el Consejo Europeo, pero esta voz
alemana en realidad pesa mucho más en la política que se lleva a cabo. El
elector belga no tiene ningún control sobre la Comisión Europea. Y el votante
belga no tiene ninguna influencia en lo que hacen, deciden y votan en el
Parlamento europeo los diputados que él mismo ha elegido.
Esta política y estas
instituciones fueron hechas a la medida de los bancos, las multinacionales y
euromillonarios que a veces incluso las dirigen directamente.
A las intervenciones y al
fortalecimiento de los dictados autoritarios, oponemos medidas radicales
democráticas. Nos proponemos concretar la reivindicación de soberanía del
pueblo reclamando:
* Consultas populares sobre el
Tratado de Lisboa y sobre las decisiones clave que conciernen al funcionamiento
de la Unión Europea.
* La supresión del Pacto
Euro-plus, las medidas del six-pack y otras que refuerzan la
"gobernanza económica" antidemocrática.
Con el fin de dar vigor a
estas demandas, buscamos formas destinadas a poner en práctica la soberanía del
pueblo, mediante la creación de campañas europeas de desobediencia contra las
decisiones impuestas de manera autoritaria.
El socialismo
La política económica, fiscal
y social antidemocrática que se impone actualmente a la población de Europa
parte de una lógica liberal asfixiante. Trata de poner a las multinacionales
europeas en condiciones de salir mejor paradas en la competencia en un mercado
mundial saturado, frente a una crisis estructural económica insoluble. Esta
política es un paso más en la espiral de desmantelamiento social, del dumping
salarial y en la práctica consistente en poner a competir a unos contra otros,
países de la UE y diversas regiones del mundo.
Más que nunca, nos damos
cuenta hasta qué punto el modo de producción capitalista es irracional,
criminal y carente de perspectiva, lo urgente que es luchar por una alternativa
socialista que reniegue de esta lucha competitiva a muerte y que defienda una
economía planificada al servicio de las necesidades humanas y de la gestión
sostenible de la naturaleza y la producción.
Jo Cottenier (jocott@numericable.be) es miembro del
Buró del Partido de los Trabajadores de Bélgica. Es autor con Patrick De
Boosere y Thomas Gounet de Societe Generale 1822-1992, EPO, 1989, y
con Kris Hertogen de El tiempo trabaja para nosotros, la EPO 1991.
Pol De Vos (pdevos@itg.be) es médico y doctor en ciencias
médicas. Trabaja en el Departamento de Salud Pública del Instituto de Medicina
Tropical de Amberes. Es miembro del departamento de investigación del Partido
de los Trabajadores de Bélgica. (Bibliografía en poldevos.blogspot.com.)
[1]Peter Mertens, ¿Cómo se atreven? http://www.jaimelago.org/node/22
[2]Les Échos, 27 diciembre 2011.
[3] « Répartition des compétences au
sein de l’Union européenne », Europa, Síntetis de la legislación de la UE, http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/li....
[4] Político y empresario
belga.Vicepresidente de la Comisión Europea de 1981 a 1985.
[5] De Tijd,24 diciembre 2011.
[6]Tradición que tiene sus orígenes en la
Revolución francesa de 1789.
[**1]aplicar
Tomado de la Asociación
Cultural Jaime Lago
---------------------------En Crisis del XXI: El golpe de estado silencioso de BusinessEurope
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