Juan Carlos Vargas /18/02/2013
Pero veamos cuál es la situación laboral en el país luego de años de crecimiento. El consabido “piloto automático”, que hace alusión a la existencia de una trayectoria que no debe modificarse, ¿se aplica también a la dimensión laboral, o requiere ajustes, refuerzos, sino cambio radicales? ¿Cómo medir esto de una manera más integral?
PLADES publica desde el 2010 informes sobre trabajo decente en el Perú usando una metodología e indicadores simples desarrollada en Argentina. El concepto de trabajo decente, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nos sirve de marco de referencia. Dos indicadores básicos y tres complementarios, así como los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), nos brindan información confiable y estandarizada que nos permite construir una línea de base para poder desarrollar análisis en el tiempo. Lo interesante del ensayo es la inclusión de los no asalariados en el estudio.
Los resultados obtenidos son ordenados en 5 categorías. Los trabajadores que cumplen los 5 indicadores, básicos y complementarios, están en el nivel 1, que es el de máximo cumplimiento, como se puede ver en la figura que sigue.
¿Y cómo les ha ido a los indicadores con el crecimiento económico? Los resultados obtenidos desde el 2009 señalan que solo una pequeña porción de los trabajadores peruanos cumplen con los indicadores básicos: 8,2% en el 2009 y 10,2% el 2011. Si bien es evidente una evolución positiva de tales indicadores, la línea de base es sin duda alarmantemente baja. Para el 2011, solo 10,2% de la PEA ocupada del país cubría los 5 indicadores, es decir, tenía un contrato de trabajo registrado, ganaba no menos del salario mínimo, estaba registrado en algún seguro de salud y de pensiones, y trabajaba 48 horas a la semana.
Esto habla de un reto de dimensiones gigantescas que antes que pilotos automáticos los requieren experimentados y audaces. Cualquier política que busque mantener el statu quo solo terminaría perpetuando la grave situación de desigualdad que el mundo del trabajo nos deja ver.
El “milagro económico peruano” no ha podido cambiar esta realidad de forma radical. Las características de la PEA en el Perú también explican estos resultados. Para el 2011, 51,2% de la PEA ocupada era independiente, trabajador familiar no remunerado o trabajadora del hogar; es decir, la gran mayoría integraba lo que algunos han denominado, de manera general, trabajadores informales.
Frente a estos datos, algunos críticos han señalado que el concepto de trabajo decente es ajeno a nuestra realidad y que somos un país pobre que debería no fijarse en estos indicadores; y que el autoempleo, el “emprendedurismo”, aunque sin derechos, ofrece ventajas y es una opción. Ejemplos emblemáticos de estas posiciones podemos encontrarlas en los artículos publicados en el diario El Comercio por Richard Webb e Iván Alonso,1ninguno de los cuales ha discutido los datos hallados, sino solo su interpretación. Como si nuestro análisis quisiera desmerecer los esfuerzos cotidianos de los peruanos que se inventan su propio empleo cotidianamente. Lo que se busca es desmitificar y denunciar el uso abusivo que se hace de la defensa de los pobres para seguir flexibilizando las relaciones de trabajo en su nombre.
¿Por qué no aplicar el desarrollo de indicadores de resultados para medir la eficiencia a todo nivel también para evaluar las políticas laborales y su impacto sobre esta realidad con el fin de modificarla de manera positiva? A 20 años de las reformas laborales fujimoristas, el cuadro para mostrar es todavía muy pobre, a diferencia de otros indicadores económicos como el PBI, las exportaciones o las reservas internacionales. Pese a esto, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) siguen insistiendo en que las sobrecargas laborales son un freno al crecimiento empresarial, apoyados por una prensa que ayuda reproducir este enfoque además de desvalorizar cualquier medida que tenga “un tufillo sindicalista”. Las cifras halladas no parecen indicar que éste es el camino más efectivo para conseguir una mayor formalidad laboral.
Como sabemos, el Partido Nacionalista tuvo como aliadas electorales a las principales centrales sindicales del país, hizo suyas muchas de sus demandas e incorporó algunas de manera muy visible durante la campaña. Si bien la “Hoja de Ruta” redujo la ambición de la propuesta, parecía que no reduciría, al menos, el compromiso hacia políticas que, no siendo radicales, restablecieran parcialmente el equilibrio perdido en los años 90. La lectura política del primer Gabinete ministerial parecía confirmar parcialmente lo dicho. El ministro de Trabajo nombrado en esa fecha, Rudecindo Vega, puso como viceministro de su Cartera a Pablo Checa, ex dirigente de la CGTP y entonces director del Instituto de Estudios Sindicales, con lo que hizo un guiño a las centrales sindicales. La salida de Vega, y luego de Villena —es decir, tres ministros en dos años—, también atenta contra la pretensión de contar con cualquier política pública de mediano plazo.
¿Qué ha hecho este Gobierno de manera concreta en materia laboral? Lo más importante, cumplir con su promesa electoral de incrementar el salario mínimo a 750 nuevos soles. Parece poco, pero no lo es en verdad. Según el estudio, 50% de la PEA ocupada gana igual o menos que el salario mínimo. Si bien la mayoría (72,8%) de los asalariados recibe un salario igual o superior al salario mínimo, éste sigue siendo usado como referencia hasta en la economía informal. Sectores formales con condiciones de trabajo precarias y salarios casi iguales al minino suelen enfrentar mayores obstáculos para la organización de sus trabajadores en sindicatos; es el caso de los trabajadores textiles, de confecciones y de la agroindustria. La ausencia de sindicatos lleva a la no existencia de negociación colectiva y, por ende, a la falta de un mecanismo o espacio para el reajuste periódico de sus remuneraciones. El incremento del salario mínimo ha sido bien recibido en sectores como los descritos que no reciben aumentos casi nunca, así suba el precio de los alimentos o las exportaciones crezcan. El lobbyempresarial y los liberales más recalcitrantes no pudieron disuadir al Presidente de olvidarse de esta promesa.
Lo segundo, la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que, pese a enfrentar criticas por volver a centralizar funciones antes descentralizadas, puede enfrentar mejor el reto de organizar una más eficaz supervisión laboral, viejo reclamo de los actores laborales. Los acuerdos de libre comercio firmados por el Perú, para el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea, le están exigiendo al Estado mayores niveles de seguimiento de sectores con problemas laborales evidentes, que a su vez exportan a estos mercados.
Lo tercero, el arbitraje potestativo. Este cambio en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ha generado otros importantes en materia de negociación colectiva, y así ha sido reconocido por los propios abogados de la empresa:
“Como conclusión diremos que el arbitraje potestativo ha cambiado las reglas de las negociaciones colectivas en el Perú. Es una figura nueva en las relaciones laborales y se ha convertido en un elemento nuevo que tienen los sindicatos a su favor”.2
El balance de lo avanzado siempre parecerá poco en vista del nivel de los retos. Falta integrar políticas dirigidas a los no asalariados que no se queden en promover un “emprendedurismo” que se olvida de la protección social para este sector tan importante de la población. Los cambios de ministros no han ayudado mucho, como no lo ha hecho tampoco una percepción de que el tema laboral no ocupa el principal foco de atención de un gobierno más interesado en promocionar programas que no requieran enfrentarse a una oposición empresarial usualmente bien organizada y acompañada por sus medios de comunicación afines. Esto podría explicar por qué demandas explícitas de los sindicatos, como la Ley General de Trabajo o las reformas de los regímenes especiales de trabajo, como el de exportaciones no tradicionales o el régimen laboral agrario, no se hayan movido un centímetro ni encuentren padrinos en la familia nacionalista. La “gran transformación” no se observa en lo laboral, aunque es evidente la existencia de un Ministerio de Trabajo más profesional y autónomo frente a los intereses empresariales.
¿Se mantendrá? A falta de un piloto para las políticas públicas, al final son los funcionarios, con sus capacidades y convicciones, los que perfilan la gestión pública.
Notas:
1 Artículos coincidentemente publicados el 22 y 25 de octubre del 2012 en el diario El Comercio: “Trabajo decente o realización personal” (Webb) y “Todo trabajo es decente” (Alonso), luego de la salida del Informe 2011 de PLADES.
2 Toyama, Jorge: “¿Arbitraje potestativo, arma peligrosa o posibilidad de diálogo?” En conexionesan.com, 30 octubre del 2012.
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