M. Llamas
La canciller alemana tiene encima de la mesa un plan para solventar el puzzle griego. El "Proyecto Eureka" contempla que Atenas venda a la UE sus activos públicos y con el dinero resultante (125.000 millones) reducir su deuda al 88% del PIB.
Desde que Atenas fue rescatada por las autoridades internacionales, éstas no han parado de plantear distintas alternativas para tratar de resolver la complicada situación financiera de Grecia: rescate del país, default selectivo, quiebra desordenada y salida del euro, segundo rescate, eurobonos, monetización de deuda a través del Banco Central Europeo (BCE)...
Sin embargo, ninguno de estos planes incidía en la necesidad de que Grecia cumpliera al 100% con los compromisos adquiridos con sus acreedores, es decir, pagar la deuda y así solventar sus problemas. Una medida de estas características implicaría privatizar gran parte de los activos públicos que posee el Estado griego. El pasado febrero, y ante el evidente fracaso cosechado por el primer rescate internacional acordado en mayo de 2010, los miembros de la troika -Comisión Europea (CE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y BCE- instaron a Atenas vender sus bienes estatales, incluidas tierras, playas, inmuebles, empresas y acciones para reducir su abultado endeudamiento público.
Curiosamente, el segundo rescate griego contempla una privatización de activos por valor de 50.000 millones de euros hasta 2015. Sin embargo, esta cifra resulta escasa a la vista del patrimonio total que maneja el Gobierno heleno, próximo a los 300.000 millones de euros -más del 100% del PIB del país-. Una vez acordada esta segunda ayuda se ha seguido discutiendo el mecanismo preciso para acometer tales ventas. Y es que, dado el reiterado incumplimiento de condiciones (reformas y reducción del déficit) protagonizado por los políticos griegos, Bruselas, y especialmente Alemania, estudian cómo tomar el control de su gestión económica para que lo pactado se lleve finalmente a término.
Así, por ejemplo, el acuerdo de segundo rescate prevé que las autoridades internacionales participen directamente en sus cuentas públicas griegas, algo inédito hasta ahora. Entre otras cuestiones, más allá de la recaudación de impuestos, se baraja crear una nueva agencia para acelerar la privatización de activos públicos, en la que también se sentarían miembros de la CE y el FMI, y que contarían con capacidad de veto.
Sin embargo, el problema es que este rescate contempla una default selectivo, una suspensión de pagos dentro de la zona euro que las autoridades desean evitar a toda costa, de ahí que, una vez, Bruselas haya iniciado una nueva ronda de contactos para tratar de elaborar nuevos mecanismos para contener la crisis de deuda. Entre ellos, ampliar el Fondo de rescate a 2 billones de euros a través del BCE.
Entre los distintos planes que se barajan en estos momentos hay uno que llama especialmente la atención, y que recupera la exigencia original de la troika: liquidar el Estado griego, como de una empresa en concurso de acreedores se tratara, para reducir de forma sustancial la deuda y, así, poder volver a financiarse en los mercados.
Se trata del "Proyecto Eureka", y aunque de momento no está siendo negociado de forma oficial en la UE, está encima de la mesa de Angela Merkel. El plan, elaborado por el influyente grupo de consultoría alemán Roland Berger, ha sido ideado por el entorno de asesores próximo a la canciller, según revela el diario galo Le Tribune.
La idea, a grandes rasgos, sería la de crear un vehículo financiero (SPV) similar a la Treuhandanstalt creada por Berlín en 1990 para privatizar 8.500 empresas de Alemania del Este durante el complejo proceso de reunificación germano.
Dicho vehículo estaría compuesto por todos -o casi todos- los activos públicos de Grecia (bancos, inmuebles, telefonía, puertos, empresas, acciones, inmuebles) a un valor estipulado de 125.000 millones de euros, equivalente al 54% del PIB heleno. La mecánica sería la siguiente: Atenas vende sus activos a la UE, y con los 125.000 millones que recibe a cambio recompra sus bonos al BCE y al Fondo de rescate europeo (EFSF) para reducir su deuda pública desde el 145% del PIB actual hasta el 88%.
Por su parte, la particular agencia u organismo europeo encargado de gestionar estos activos lograría recuperar su inversión mediante la paulatina privatización de los mismos antes de 2025. Mientras, la reducción de deuda permitiría a Atenas acceder a los mercados financieros a un tipo de interés, como mínimo, un 50% inferior al actual.
De este modo, se matarían varios pájaros de un tiro: privatizando el 100% de los activos públicos se reduciría el enorme peso del Estado sobre la economía griega; Atenas no suspendería pagos y se mantendría en el euro; la UE vendería los activos y los contribuyentes europeos no perderían dinero; y puesto que la banca griega también se desprendería de los bonos helenos, quedaría recapitalizada y el BCE no tendría que seguir financiando a este sector de alto riesgo.
Es algo similar a lo que ha estado exigiendo Finlandia en los últimos meses: que los activos públicos de Grecia sean transferidos a un holding con sede en Luxemburgo y retenidos allí como garantía para los nuevos préstamos a Atenas. El plan finlandés, elaborado en junio, es una parte central de sus exigencias para obtener garantías a cambio de la ayuda. Curiosamente, el Parlamento finlandés ha aprobado este miércoles los nuevos poderes del Fondo de rescate, acordado en el marco del segundo plan de ayuda a Grecia. "Eureka".
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