Robert Kozak /25/08/2012
Conga, Perú—Algunos de los
mayores depósitos de oro y cobre se encuentran aquí, bajo el accidentado
terreno de esta región andina, pero los planes de una firma estadounidense para
extraerlos enfrenta una fuerte oposición por parte de agropecuarios, políticos
y grupos medioambientales locales.
Durante dos años, miles de
personas han organizado manifestaciones, bloqueado carreteras y ocasionalmente
liderado protestas violentas en el norte de Perú. En julio, cinco manifestantes
murieron durante enfrentamientos con la policía.
Residentes marchan durante una
protesta contra el proyecto minero Conga en la Laguna Mamacocha, en Perú.
Ahora, Newmont Mining Corp.,
con sede en Denver, Colorado, asegura que toda esta agitación amenaza su
inversión de US$5.000 millones, una de las más altas en la historia de Perú.
Los enormes camiones mineros de Newmont aún no han llegado al yacimiento,
llamado Minas Congas, a pesar de que la compañía ha inyectado cientos de
millones de dólares en el proyecto ubicado a más de 4.000 metros de altura sobre
el nivel del mar.
“Ahora mismo no vemos un
entorno (propicio para la operación) en Conga”, dijo en una entrevista el
presidente ejecutivo de Newmont, Richard O’Brien. “Será necesario un cambio
significativo para que se concrete”.
La disputa surge como una prueba
para el presidente de Perú, Ollanta Humala, quien durante su campaña se
pronunció en contra del proyecto pero tras ganar las elecciones decidió
apoyarlo. Su cambio de parecer ilustra un giro más amplio en su estilo de
gobierno, de populista a pragmático, sugieren analistas. Los disturbios ligados
al proyecto llevaron al presidente a despedir a dos ministros y reorganizar su
gabinete.
El auge en la minería es una
de las principales razones por las que Perú ha crecido a una tasa anual de
aproximadamente 6,5% en los últimos 10 años, una de las expansiones más
impresionantes en América Latina. La renta per cápita se ha triplicado a lo
largo del período. Representantes del gobierno aseguran que para los próximos
años están previstos proyectos mineros en torno a los US$50.000 millones.
Ahora, la creciente oposición
a la minería amenaza con descarrilar grandes inversiones y desacelerar la
expansión económica.
En el sur de Perú, los
activistas han recurrido a temores medioambientales y otros problemas para paralizar
una gran mina de cobre planeada por Southern Copper Corp., una filial de Grupo
México. Y las protestas en 2011 llevaron al gobierno a cancelar un permiso para
un proyecto de plata encabezado por la canadiense Bear Creek Mining Corp.
Las disputas ponen de
manifiesto las mayores dificultades que enfrentan las mineras globales con sus
proyectos a gran escala en América del Sur. En los últimos años, proyectos en
Ecuador, Bolivia y Venezuela han sufrido retrasos y expropiaciones por los
gobiernos socialistas. Hasta hace poco, Perú era una excepción.
“Siempre ha habido problemas
sociales en la industria minera de Perú, pero la manera en que las causas
radicales y populistas se han apropiado del tema perjudica la imagen de Perú
como un destino para la inversión minera”, dijo Luis Zapata, director de América
Latina para el banco de inversión canadiense Canaccord Genuity.
Newmont, la segunda mayor
minera de oro del mundo, lleva extrayendo el metal en el norte de Perú desde
1993, tras crear Minera Yanacocha con la empresa peruana Compañía de Minas
Buenaventura SAA.
La mina Yanacocha ha sido muy
rentable para Newmont, con un rendimiento de 3,3 millones de onzas en 2005,
convirtiéndola en la mayor mina de oro de ese año. Pero la producción ha caído
este año a un estimado de 1,4 millones de onzas y la explotación podría
suspenderse en cinco años. El agotamiento de los depósitos y los altos precios
de los metales alentaron a Newmont a planificar Minas Congas en la misma
región.
No es la primera vez que
Newmont afronta obstáculos en Perú. Un derrame de mercurio en 2000 manchó la
reputación de Minera Yanococha y su compañía matriz.
“Adiós Newmont”, dice un
graffiti en un muro en la carretera que conduce al proyecto, a unos 650
kilómetros al norte de Lima. “Ollanta traidor”, dice otro.
Un detractor de alto perfil
del proyecto es el presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio
Santos, que ha conseguido apoyo político al concentrarse en cómo la mina
afectará la provisión de agua.
Newmont asegura que seguirá
adelante sólo si cuenta con el apoyo de la comunidad. “Lo que diría es que (…)
necesitamos ver un alineamiento cercano entre el gobierno central de Humala, el
gobierno regional de Santos y la compañía para asegurar que contamos con un
entorno propicio”, dijo O’Brien.
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