Michael Hudson fue entrevistado por Bonnie Faulkner en la radio Pacifica. La entrevista –realizada el 1 de septiembre—fue emitida el 14 de diciembre. Publicamos a continuación la versión española de la primera parte de la transcripción de la entrevista radiofónica.
Profesor Michael Hudson, déjeme empezar hablando de Alemania. Angela Merkel va a acudir a una importante reunión de la UE el 7 de septiembre. ¿Qué se discutirá allí?
El Bundestag se reúne para discutir la decisión de los tribunales alemanes en torno a si el BCE y el gobierno alemán pueden, o no, rescatar a Grecia y Portugal comprando directamente los bonos públicos emitidos por esos países. A su vez, la reunión de la UE tiene una discusión análoga sobre lo que se ha convertido en una crisis constitucional: ¿debe, o no, el BCE comprar esos bonos públicos?
El problema es que Alemania y la UE están constitucionalmente impedidos de hacer eso. Sus bancos han perpetuado el mito del “camino de servidumbre”, de acuerdo con el cual un banco central corre siempre el peligro de alimentar la inflación si crea dinero, a diferencia de los bancos comerciales que, supuestamente, no correrían ese peligro cuando crean dinero en las pantallas de sus computadoras: no consideran inflacionario el que esos bancos carguen intereses al Estado, el cual, entonces, necesita pagarlos acudiendo a gravar fiscalmente al conjunto de la economía.
Cuando usted ve la difusión de que goza ese tipo de falsaria distorsión, que llega incluso a ponerse por escrito en forma de ley [o aun a blindarse constitucionalmente, como recientemente en España], tiene que sacar la conclusión de que hay algún tipo de intereses creados de por medio. El pretendido contraste entre los “malos” bancos centrales y los bancos comerciales “buenos” no es sino el resultado de los afanes de los lobbies bancarios por monopolizar la creación de crédito en manos de los bancos comerciales, promoviendo una falsa imagen del modo en que se supone que actúan los bancos centrales.
La verdad es que los bancos comerciales han alimentado una enorme inflación de precios de los activos en los últimos años. La deuda que han creado lastra con una pesada carga de intereses, deflacionaria de la economía: aumenta el coste de la vida y el coste de hacer negocios. En cambio, los bancos centrales tienen que monetizar los déficits públicos que han de estimular la recuperación, y no simplemente dar obsequios a las instituciones financieras y a otros intereses creados.
A diferencia de los EEUU y de Inglaterra, cuyos bancos centrales se fundaron con objeto de monetizar los déficits públicos para que no tuvieran que pagar intereses, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa ordenan que el BCE sea independiente del estado, lo que, en la práctica, significa que actúa por encargo del monopolio de la banca comercial. Tiene que evitar crear crédito “inflacionario” (todo tipo de dinero que aparta a las empresas de los bancos comerciales) no comprando deuda pública. El BCE sólo tienen que servir a los bancos comerciales. Puede crear dinero para rescatarlos, a fon de que ellos lo regalen, lo presten, paguen dividendos o se paguen sus propios bonos y sus propias remuneraciones. Pero no puede financiar las operaciones públicas. Tienen que asfixiar a los Estados, para hacerlos completamente dependientes de los bancos comerciales.
El resultado, huelga decirlo, ha sido crear un mercado cautivo para los bancos. Los enriquecen a expensas del contribuyente: ¡innecesariamente! Sea público o privado un banco, el dinero y el crédito se crean electrónicamente en las pantallas de sus ordenadores. Es, pues, un mito que el dinero público sea más inflacionario. Pero ese mito tiene una función política, vicaria de un espurio interés privado: bloquea la “opción pública” de crear dinero sin pagar intereses a los bancos que han obtenido el privilegio de crear crédito a voluntad. Esos bancos no prestan a partir de depósitos de ahorristas, sino que ellos mismos crean depósitos de modo harto semejante a como acostumbraban a imprimirse billetes bancarios. Luego buscan clientes dispuestos a pagar intereses.
Los Estados son los mayores prestatarios, y en condiciones normales, son los clientes más seguros, porque siempre pueden imprimir dinero. Este es uno de los tres criterios básicos que definen la estatalidad, a saber: la capacidad de crear dinero, la capacidad de gravar con impuestos (el pago de los cuales da valor al dinero creado) y la capacidad de declarar la guerra. Ello es que, escrita por cabilderos bancarios, la Constitución europea priva al continente de la función de crear dinero. Por eso su economía se está contrayendo, y por eso sus propios bancos comerciales sufren ahora las consecuencias. Su plan de negocios ha engendrado un cortocircuito a escala continental.
Angela Merkel quiere que el gobierno alemán y el BCE compren las deudas de Grecia, Portugal y otros países en apuros porque, de otro modo, esos países quebrarán. Eso significaría pérdidas para los bancos franceses y alemanes que han comprado bonos públicos de esos países. Puesto que los gobiernos son incapaces de refinanciar sus empréstitos –es decir, de volver a tomar prestado a medida que vencen los préstamos pasados—, los bancos y otros inversores insisten en exigir rendimientos mucho mayores para compensarles por el riesgo de quiebra. También compran seguros contra la quiebra, pagando un premio por encima de la tasa de interés que pagan los Estados. Pero los inversores y los garantes dan entonces una nueva vuelta de tuerca, y exigen que el Estado asuma todo el riesgo y prometa que rescatará a todos los Estados en apuros: eso deja a los bancos con grandes premios en intereses, dejando al propio tiempo tan frescos a quienes especulan con los seguros crediticios, que terminan yéndose de rositas. Salta a la vista la hipocresía subyacente a todo el mecanismo.
Si los Estado quiebran y no pueden honrar el pago de esos bonos, los bancos pierden dinero. De modo que lo que ahora están diciendo los bancos es que lamentan mucho haber insistido tanto en que el BCE no puede crear dinero. Crearlo para pagar a los bancos resulta muy buena cosa, dicen ahora. Solo es malo, cuando beneficia a los trabajadores y a los empresarios productivos y no al sector financiero.
La Sra. Merkel no se cansa de repetir que no tiene reparos en empujar a Grecia y a otros países deudores al abismo de la miseria y en exigir a las economías deudoras que se comporten como países vencidos y malvendan a los acreedores sus tierras, su agua, sus sistemas de desagüe, y aun su Partenón, como si de países militarmente conquistados se tratara. Así pues, la cuestión que está sobre el tapete es si Alemania y Europa pueden lograr eso sin ejército, como solía ser antes el caso.
Los sindicatos y los ciudadanos griegos se están manifestando y realizando huelgas generales para protestar por el hecho de que la UE está resultando ser algo muy distinto del proyecto pacífico y básicamente socialista anticipado hace medio siglo, cuando se formó la Comunidad Económica Europa en 1957. La UE ha terminado por ser un proyecto financieramente belicoso de creación de una oligarquía financiera, un instrumento de depauperación de Europa, un mecanismo aniquilador de los activos de los deudores a favor del pago a los acreedores. Eso explica parcialmente porqué la Sra. Merkel está hallando tamaña oposición hasta en su propio partido derechista. Muchos alemanes no quieren verse pagando con sus impuestos el rescate de unos bancos, los suyos, que prestaron irresponsablemente a mansalva, ni, menos, pagar por la todavía más irresponsable ideología del “camino de servidumbre”, que impide a los Estados miembros de la UE financiar sus propios déficits presupuestarios. El euro amenaza con desaparecer a causa de la codicia, la miopía y el extremismo ideológico de los neoliberales hostiles al mundo del trabajo que se han hecho con el control de la legislación y de buena parte del sistema político.
Los bancos europeos tienen ahora el mismo plan de retirada que tenían los bancos estadounidenses en 2008, tras caer Lehman Brothers. Tratan de amenazar con el colapso de la economía, si el Estado no los salva de las pérdidas derivadas de préstamos que han ido mal a causa del sobreendeudamiento de la economía. Tienen poder para cortocircuitar el sistema de pagos y tomar como rehén al conjunto de la economía, si los Estados no aceptan cargar sus pérdidas privadas en el debe de la contabilidad pública.
Eso es lo que hizo el gobierno irlandés, que se allanó a rescatar a unos bancos que habían hecho préstamos manifiestamente fraudulentos –terminaron valiendo 22 centavos por dólar— con dinero del contribuyente. La verdad, se calla por sabido, es que los bancos disponen de activos suficientes para pagar a sus depositantes menores. Lo que no pueden es pagar al estrato más rico de sus depositantes en la cúspide de la pirámide. Las instituciones que se hallan en el corazón de las finanzas dicen que la economía son ellas. En la práctica, eso significa que son los tenedores de la riqueza financiera. A lo que ahora estamos asistiendo, que se ve como una crisis financiera puramente técnica, es en realidad una etapa más de la guerra de clases. La táctica del sector financiero consiste en amenazar con el colapso de la economía, si los políticos no se rinden, consintiendo en la destrucción de la economía para pagar a los acreedores. Eso es un arma de destrucción financiera masiva.
Los banqueros que, negro sobre blanco, escribieron la Constitución europea tuvieron buen cuidado de establecer un vínculo entre sus cuitas y la destrucción fiscal masiva. Los tratados de la UE limitan la actividad de los Estados, permitiéndoles incurrir en un déficit máximo del 3% del PIB. Eso les impide el gasto “keynesiano” contracíclico, destinado a sacar de la depresión a las economías. De modo que esas economías ni son ahora capaces de “crecer por sí mismas para salir por sí mismas del endeudamiento”, ni pueden tampoco tomar prestado para salir por sí mismas de las malas deudas. Están atadas de pies y manos, fiscalmente y financieramente.
No es, pues, sorprendente que se hable tanto de la disgregación de la Eurozona, polarizada entre economías acreedoras y economías deudoras, una polarización que tiene también su reflejo en cada nación, en la medida en que los acreedores buscan coronar su victoria reduciendo al mundo del trabajo y de la industria a la servidumbre por deuda. Que todo eso se haga sorteando la democracia política y esquivando a los “electorados informados”, es desde luego cosa que habrá de llamar poderosamente la atención de los historiadores futuros.
Sobra decir que en el propio partido de Angela Merkel se ha generado una división política en torno a si Alemania debe o no concurrir al rescate y ayudar a comprar deuda de los países que han incurrido en déficits fiscales como modo de apoyar a los propios bancos alemanes. Lo que está en cuestión es si los Estados y la UE deberían alzaprimar los intereses de los bancos y de los inversores acaudalados, o si deberían dar prioridad al conjunto de la economía. ¿Habría que permitir a los Estados hacer lo que se supone que deben hacer los Estados y crear su propio dinero para gastar? Para eso se creó el Banco de Inglaterra en 1694; para eso se creó la Reserva Federal en 1913. ¿O debería Europa resistirse a esta “opción pública” y dejar en las exclusivas manos de los bancos privados la capacidad para crear crédito? Esto último significaría alzaprimar los intereses del estrato más rico en desmedro y sacrificio de la economía. Lo cierto es que se ha llegado lo suficientemente lejos como para que las opciones políticas que están ahora mismo sobre la mesa sean precisamente estas.
Si nuestro oyentes siguen las noticias que vienen de Europa, deberían percatarse de que la moralidad de las finanzas y de la economía europeas es diferente de la de los EEUU. Aquí, los estados federados pueden sucumbir –como California, como Alabama con los problemas que está teniendo en Birmingham—, pero el Estado federal dirá que ese es un problema local que no guarda relación con Washington. No hay responsabilidad federal en la insolvencia de los municipios o de los estados federados.
Por ejemplo, ayer, 1 de septiembre, los Republicanos en el Congreso impidieron el gasto de dinero federal en ayuda de las víctimas del huracán en la costa Este. Los dirigentes Republicanos insistieron en que el gobierno federal no puede gastar ningún dinero para ayudar, a menos que recorte gastos en algún otro sitio (preferiblemente, la Seguridad Social). Eso es impensable en Europa. Los alemanes me han explicado que su gobierno siempre apoya o rescata a la ciudad de Berlin, que sufre de un déficit crónico. Allí hay la sensación de que los Estados nacionales deben apoyar a sus ciudades y a sus comunidades autónomas: es parte de su ética básica de ayuda mutua.
La cuestión que se le plantea ahora a Europa es si este principio de que el Estado nacional debe venir en apoyo de una región más pobre –como Italia ha apoyado al Mezzogiorno meridional durante 50 años— debería aplicarse a escala continental. ¿Deben las naciones ricas asumir la responsabilidad de apoyar a otros países, o deben ser tratados esos países como algo de todo punto separado? Lo que aquí se dirime es el carácter político y social de Europa. Pero, desgraciadamente, lo que realmente anda en juego es el rescate de los ricos, no de los pobres: salvar a los mercados financieros que se han beneficiado de los déficits públicos y ahora quieren evitar las perdidas dimanantes del irrealizable y miope plan a corto plazo dictado por sus particulares intereses.
Eso es lo que subyace al debate sobre quién debe emitir deuda, si toda la Unión Europea de consuno, o cada uno de sus Estados por separado: ¿qué ocurrirá con los bancos tenedores de esos bonos? ¿Se castigará con impuestos a las poblaciones para salvarlos?
Si la acción pública se encamina a salvar a los bancos, entonces ¿por qué no empezar por hacer públicos a los bancos? ¿Cuál es la gracia de tener bancos privados, si se da a los acreedores ricos prioridad absoluta sobre todos los demás, sobre los Estados y sobre el conjunto de la economía, hasta el punto de contraerla más y más y hundirla en la depresión, haciendo que toda Europa parezca Letonia?
La banca europea es diferente de la de los EEUU. La Reserva Federal puede crear tanto dinero como quiera para financiar el gasto público estadounidense. Pero no hay un Banco Central europeo que monetice los déficits públicos: Europa lo fía todo a los bancos y a las compañías aseguradoras. Se les exige legalmente a cambio que mantengan una parte específica de sus reservas en forma de bonos públicos. Y ahora se ven atrapados por su propio ventajismo.
La ideología derechista impulsada por los bancos ha petrificado al Estado, tornándolo incapaz de crear el dinero que se precisa para pagarles. Y ya han perdido enormes cantidades en sus préstamos inmobiliarios malos, de modo que muchos bancos europeos se hallan ya tan cerca de la insolvencia, que los bancos de EEUU y de otros países están cerrando todas las líneas de crédito que los habían mantenido hasta ahora a flote.
Así, pues, en resolución, lo que la reunión de la UE discutirá es si el BCE debe, o no, comprar deuda pública, bonos de Grecia, Portugal, España, Italia y otros Estados miembros que tienen dificultades de pago y no quieren gravar fiscalmente la propiedad inmobiliaria de los ricos para equilibrar sus presupuestos. Técnicamente, eso se hace expandiendo el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) harto más allá de su pretendido techo de 440 mil millones de euros. Se emitiría el equivalente a un eurobono –al que se oponen la Sra. Merkel y otros, y al que los tribunales alemanes aparentemente han cerrado el paso—.
¿La titularidad del BCE es pública o privada?
Es pública, pero los Estados europeos mismos están siendo privatizados por una oligarquía financiera. Los europeos no pueden concebir un banco central privado; no todavía, al menos. De manera que es una corporación pública, pero es independiente del Estado. Lo dirigen funcionarios del banco, no funcionarios elegidos por el parlamento, aunque sus presidentes son nombrados por el parlamento. La situación es muy parecida a la de la Reserva Federal. Los banqueros privados disponen, de hecho, de poder de veto sobre cualquier funcionario del banco central que no actúe como cabildero en defensa de sus intereses frente al resto de la economía.
El tipo de administradores designables tanto para la Reserva Federal estadounidense como para el BCE son gentes con experiencia financiera, la cual sólo puede obtenerse trabajando para los grandes bancos privados. Los presidentes de la Reserva Federal, por ejemplo, son básicamente nombrados por Goldman Sachs para actuar como cabilderos de sus intereses, como hizo Tim Geithner cuando dirigió el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Su primera preocupación era rescatar a los grandes bancos y a Wall Street, cargando las pérdidas al contribuyente.
El tipo de gentes designables para cualquier banco central son antiguos banqueros con una visión mundial del sector financiero; o académicos sometidos a lavado de cerebro, como Ben Bernanke en la Fed. Su visión del mundo es que, ocurra lo que ocurra, los bancos deben mantenerse solventes para que la economía funcione. Pero esa visión contrae la economía y mantiene el nivel de la deuda: es la contradicción interna básica en marcha.
Bien, los bancos ahora, cuando compran un bono de Grecia o de cualquier otro sitio, se encuentra con que, de repente, tienen que pagar enormes premios para el seguro de impago para protegerse contra la eventualidad de que un buen día Grecia simplemente diga: “Miren, no tenemos bastante dinero para pagar los bonos de que ustedes son tenedores”.
Y eso nos lleva al otro asunto moral que se debate aquí. ¿Hasta qué punto debería un país imponerse a sí propio austeridad y aun depresión –más que una gran recesión: toda una década perdida— simplemente para pagar intereses a los tenedores de bonos que han estado financiando un sistema fiscal que, en Grecia, nunca gravó con impuestos a los ricos?
Se puede observar que los países en dificultades son países que en algún momento sucumbieron al fascismo: España bajo Franco, Portugal [bajo Salazar], Grecia bajo los coroneles. Las dictaduras militares derechistas establecieron sistemas fiscales que favorecían a los ricos y evitaban gravar fiscalmente la propiedad inmobiliaria y la riqueza financiera. Esos sistemas fiscales fascistas son ahora el sueño dorado del Partido Republicano estadounidense, o incluso, para lo que aquí importa, de los banqueros de Wall Street en la administración Obama. Desplazar la carga fiscal hacia el mundo del trabajo y de la industria parece ser la dirección en la que se mueve el mundo en estos tiempos. Eso es lo que causa tal desjarretamiento en los países que se hacen neoliberales, es decir, favorecedores de una oligarquía financiera.
¿Qué prescribe el Tratado de Lisboa?
Sienta un sinfín de disparates. Para principiantes: los miembros de la Eurozona –esto es, los países que usan el euro— deben mantener su déficit por debajo del 3% del PIB. Eso les impide poner por obra políticas keynesianas contracíclicas. Lo que los gobiernos deberían hacer para sacar a las economías de la depresión, en Europa y en América, es incurrir en déficits para restaurar el empleo y los mercados. Pero los déficits en que Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda han incurrido en estos últimos años los han ido obligando destinar cada vez más presupuesto al pago de intereses. Esos pagos, junto con los crecientes subsidios a los ricos y al sector financiero, están devastando el gasto social. Así que sus economías se están contrayendo y, al propio tiempo, polarizando.
¿Hay leyes para restringir la cantidad de deuda pública que puede comprar el BCE?
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