3/02/2011
Una de las preguntas que surgen habitualmente entre los ciudadanos mexicanos, es ¿para qué seguir con la guerra contra el narco, si a todas luces se revela absurda? Esta guerra, cuyo único resultado visible es el escalamiento de la violencia y la tensión social, es absurda para los ciudadanos, pero no es absurda para el gobierno mexicano y tampoco para el gobierno de Estados Unidos, para los cuales es, sobre todo, un gran negocio, y parte de un plan más amplio.
Los ciudadanos que mueren, o la policía y soldados que mueren, son solamente casualidades, peones prescindibles en el marco de un superobjetivo. Aún cuando el presidente Felipe Calderón pueda apelar a razones sociales o morales para lanzar su cruzada contra el narco –aún cuando estas razones puedan ser parte de su razonamiento dentro del conservadurismo fanático de su partido y de su ideología política- la realidad es que lo que mueve a esta guerra contra el narco no es muy distinto de lo que mueve la guerra contra Irak, y muchos de los actores son los mismos, como es el caso del mayor ejército privado del mundo Blackwater, hoy Xe Services.
Para decirlo en pocas palabras, la guerra contra el narco en México es parte de un enorme negocio de contratistas militares estadounidenses que prestan servicios de asesoría, entrenamiento y venden armas –a ambos bandos-; también, para las dependencias que manejan espectaculares presupuestos de seguridad en México y para el mismo gobierno que militariza el país y crea una policía que, pese a su incompetencia o corrupción, permitiría también reprimir movimientos sociales que verdaderamente atentaran contra el gobierno y no sólo cárteles enemigos, en oposición a cárteles amigos, como el de Sinaloa. Esto significa la creación de un estado vigilante y militarizado, una de las principales razones por las cuales se han prohibido las drogas en el mundo, como ya lo atisbaba el lúcido junkie William Burroughs hace 50 años, bajo el concepto de “sociedad de control”.
Pero para que el negocio sea redondo, el plan parece involucrar como meta final la precipitación de México como un estado fallido, lo cual permitiría la movilización del aparato militar estadounidense en México y la apropiación de los recursos naturales –tanto como por un pacto de ayuda como por una medida de seguridad nacional y de protección de su frontera. ¿Suena muy lejano? ¿Otra teoría de la conspiración? Analizemos el caso, revisemos antecedentes y consideremos los datos puntuales que nos hacen pensar que esto está sucediendo.
El periodista James Cockcroft ha publicado un nuevo libro llamado ominosamente “Mexico’s Next Revolution”, un extracto de este libro puede ser leído aquí en inglés y aquí se puede descargar un PDF en español de un artículo donde se resumen las ideas de este libro. La tesis de Cockcroft es fundamentalmente que existe un plan actualmente para que México se convierta en un estado fallido y Estados Unidos inicie una progresiva invasión, sino al punto de lo que ha sucedido en Afganistán, al menos como ha ocurrido en Colombia, donde Estados Unidos tiene varias bases militares operando. Cockcroft además, junto con el periodista e investigador Gilberto López y Rivas, ve en el Plan México 2030 de Felipe Calderón el proyecto de ceder el control del país a Estados Unidos.
La guerra contra el narco, dice Cockcroft, sirve para “justificar a Estados Unidos enviar a su personal y participar en las operaciones de inteligencia para así incrementar el control de la población de ambos países”. Y agrega que los mexicanos, en el estupor del duopolio televisivo “no saben que la guerra es una excusa para militarizar la nación”.
Una prueba de esto es la Oficina Binacional de Inteligencia con sede en la Ciudad de México, la cual no ha recibido mucha publicidad pero tiene agentes de la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), dependientes del Departamento de la Defensa, el Pentágono. Asimismo hay delegados de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia.
El periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió en este artículo:
“Al llegar el 25 de marzo de 2009 anunció que en breve se establecería una oficina “de implementación bilateral” en México que ‘trabajará para combatir al narcotráfico y la violencia que trata de diseminar’.
“El anuncio era preocupante. El 27 de marzo apareció en este mismo lugar una Plaza Pública titulada escuetamente “La oficina bilateral”.
Granados Chapa señala que esta oficina no parece ser muy “bilateral” que digamos, es solamente una base de inteligencia de Estados Unidos en México la cual ha pasado convenientemente desapercibida por los medios y el gobierno mexicano.
En el 2008 se firmó la Iniciativa Merida, plan conjunto de cooperación para combatir las drogas. Este plan que superficialmente suponía que Estados Unidos aceptaba que ellos contribuían al problema del narco con su inmensa demanda de drogas y por eso ofrecían 15 mil millones de dólares, tiene su gato encerrado, o mejor dicho su caballo de troya encerrado. Desde el 2008, Blackwater, que ahora se llama Xe Services, ya que tuvo que hacer un lavado de imagen después de que se revelará que había matado civiles iraquíes, está operando en México un ejército Un artículo del 2009 de Milenio explica:
“En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.
“…gran negocio: de la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés)”.
Quizás lo más oscuro de esto es que en el caso de que se llegue a dar “un estado fallido” o una revolución que atente contra la seguridad de Estados Unidos, el ejército de Blackwater ya está listo para entrar y operar, en cierta forma ya está dentro del país.
En el 2010 el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, declaró que la violencia en México y en Centroamérica era el resultado de la ingobernabilidad y de “estados fallidos”. Obama ha advertido que la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo incluye enemigos difusos, regiones inestables y estados fallidos.
En el 2009 se nombró a Carlos Pascual embajador de EU en México, un experto en la reconstrucción de naciones y estados fallidos con 27 años de experiencia en Haiti, África, Medio Oriente y Europa del Este. Según Naomi Klein, Pascual es un experto en “terapia de shock” para “estados fallidos”. Pascual llegó a México para coordinar la Oficina Binacional de Inteligencia.
Por el momento, dice Cockcroft, “El gobierno mexicano no es un estado fallido porque cumple todas las tareas asignadas por el imperio. Toda la propaganda de Washington está a favor de la militarización de México para proteger los intereses de las corporaciones trasnacionales y de la banca extranjera”.
Cockcroft reflexiona que si bien la guerra contra el narco ha traído interminables fracasos, también ha generado exitos: “Se han enriquecido los bancos a través de arreglos secretos para lavar dinero, mientras reciclan enormes cantidades de dinero sucio en muchos sectores legitimos de la economía. También mantiene imnensas ganancias en el mercado internacional de drogas para los países que exportan y sus gobiernos, una buena parte de lo cual es reciclado en los mercados internacionales de armas para el beneficio de los fabricantes. Estados Unidos vende más armas que todos los países que producen armas juntos. Es el arsenal de la muerte del mundo”.
Otros de los puntos a notar de la guerra contra el narcotráfico es que se teje una red militar en América Latina: “La guerra contra las drogas patrocinada por Washington y sus aliados no tiene mucho que ver con la seguridad nacional o acabar con el tráfico de drogas y todo que ver con generar ganancias. Involucra fraguar alianzas estratégicas contra los gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. La alianza clave para Estados Unidos es la cadena de gobiernos neoliberales en la costa Pacífico: Chile, Perú, Colombia, todo Centroaméric, excepto Nicaragua (donde obviamente Washington está fomentando un estado fallido) y, claro, México”.
Cockcroft cree que Calderón está reglando la soberanía de México al integrarlo con Estados Unidos.
Según el análisis del proyecto transexenal de Calderón “Plan México 2030” que hace Gilberto López y Rivas, no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”. López y Rivas ve en la Guerra contra el narco:
“Un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas”.
Un reciente artículo dela revista Contralínea cita a militares mexicanos que atisban el plan intervencionista:
“Institucionales, acostumbrados a callar sus diferencias con los civiles y renuentes a comentar las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, esta vez los militares prefieren hablar. Señalan que parte de la violencia que se ha desatado en las últimas semanas podría ser “inducida”. Y acusan al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de preparar el “escenario” para una intervención estadunidense abierta.
“Aseguran contar con información de que los atentados con carros bomba (uno realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de julio, y dos más en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 26 de agosto de 2010) pudieron no ser obra de las bandas de narcotraficantes. Incluso, es probable que no hayan sido realizados por mexicanos”.
El político de izquierda Porfirio Muñoz Ledo afirmó ayer que la guerra contra el narco es falsa y “es el pretexto para una invasión silenciosa de Estados Unidos”
Lo expuesto aquí nos hace pensar que el oscuro episodio que atraviesa México no es el resultado del caos y la violencia generada por el narco y el pueblo, o no solamente es el resultado de la pobreza y del mal manejo histórico del gobierno mexicano. Tampoco es solamente el efecto secundario de la enorme demanda de drogas que genera Estados Unidos, puesto que, como expusimos en este artículo. esa demanda ha sido fomentada hsitóricamente por el mismo gobierno de EU (que ya pasó por la etapa de crear un estado policial bajo so prexeto de las droas) precisamente para mantener en auge el negocio internacional de las drogas y quizás también para poder ejecutar el plan de crear estados fallidos en Colombia, Afganistán, Pakistán y posiblemente México. Bajo una maquiavélica aplicación de la diálectica, se crea un problema y luego se ofrece una solución. Hemos visto que de los 15 mil millones de dólares de ayuda que Estados Unidos ofreció, dinero de sus contribuyentes, buena parte de ese pastel se lo llevan compañías de la elite como Blackwater (Xe Services), una compañía cuyo dueño Erik Prince está estrechamente ligado a la familia Bush y a grupos cristianos. Lo más radical y atemorizante que se perfila en el horizonte es el problema del estado fallido en México y la solución de la intervención militar de Estados Unidos. El plan de Calderón México 2030 prevé la privatización de varios importantes sectores económicos. Sin duda esperamos que nos estemos equivocando, pero justamente para evitar que esto pueda suceder, que la nefasta figura de Calderón no entregue el alma de un país a las oscuras facciones corporativas que controlan buena parte del mundo, debemos de estar atentos. En algún momento tal vez sea necesaria, como señala Cockcroft, una segunda revolución, que en realidad, sería la primera.
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