Pierre
Khalfa /13/05/2012
Veinticinco de los veintisiete gobiernos europeos adoptaron, a principios
de marzo, el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza (TSCG) de la
Unión Económica y Monetaria, es decir, la zona del euro. El Tratado es más
conocido como el "Pacto Fiscal". Ahora debe ser ratificado por los
Estados.
Este nuevo tratado se presenta como un pacto de disciplina fiscal. El Pacto
de Estabilidad y Crecimiento aprobado en Amsterdam en 1997, prorrogaba los
criterios de Maastricht: la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el
déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB. Estas normas limitaban en
gran medida el margen de maniobra presupuestario, incluso con la creación del
euro y la moneda, como instrumento de la política monetaria, desaparecía.
Estas normas no fueron tenidas en cuenta, incluso antes de la crisis
financiera, por parte de Francia y Alemania, y no impidieron a España e
Irlanda, que las respetaron en gran medida, se hundieran tras estallar la
crisis financiera.
La crisis ha echo saltar por los aires las normas del Tratado y ha mostrado
que era imposible dirigir la economía de esta manera.
Sin embargo, en lugar de extraer las lecciones, los gobiernos europeos van
aún más lejos con el TSCG estableciendo, entre otras cosas, una "regla de
oro", que requiere que "la situación presupuestaria de las
administraciones públicas (...) sea equilibrada o tenga superávit". Esta
regla se considerará cumplida si el déficit estructural no supera el 0,5% del
PIB.
Se trata del déficit presupuestario calculado excluyendo los cambios
debidos a las condiciones coyunturales. Pura construcción estadística, la
medición del déficit no se hace con las mismas reglas para todos los
países, por lo que sus resultados serán diferentes según los
economistas de cada país y dependerá de una serie de hipótesis que influirán
significativamente en el resultado.
Es la Comisión Europea la que calcula el déficit estructural de cada Estado
y por lo tanto se puede temer lo peor. El informe anual de 2012 del Tribunal de
Cuentas indica que el déficit estructural de Francia fue del 5% del PIB en
2010, esto significa 96,6 mil millones. ¡Cumplir con el 0,5% del PIB habría
significado un recorte de casi 87 mil millones de euros! Esta norma debe
aplicarse en el medio plazo y es, de nuevo, la Comisión, la que fijará el
calendario. Así pues, tras haber renunciado a todo margen de maniobra en la
política monetaria, los gobiernos deben abandonar completamente el timón de la
política fiscal.
Imponerse un presupuesto equilibrado (el llamado "déficit cero"
NdT), implica que a largo plazo las inversiones deberán financiarse únicamente
con los ingresos corrientes. Sin embargo, estas inversiones serán utilizadas
durante decenios por varias generaciones, por lo que es absurdo que se
financien sólo con los ingresos del momento.
Si esta norma debe ser respetada, lleva consigo la imposibilidad, en la
práctica, de invertir en el futuro, así como satisfacer las necesidades
sociales básicas o empezar la transición hacia una economía ecológica que
requerirá enormes inversiones.
Esta forma de gobernar a base de normas -la deuda por debajo del
60% del PIB, el déficit por cuenta corriente hasta el 3%, el déficit
estructural de 0,5% del PIB- es la marca de cabecera del ordoliberalismo (1)
alemán. Para ellos, mantener un buen funcionamiento de los mercados requiere
que los Estados se doten de reglas estrictas. En el incumplimiento de estas
reglas es dónde estaría la causa de los excesos de los mercados financieros
actuales.
En realidad es un error total de diagnóstico. El cumplimiento de estas
normas requiere una serie de medidas de austeridad masiva y permanente. Más
dramáticas son las consecuencias sociales para las personas. Esta orientación
es económicamente estúpida pues nos lleva a una lógica de la recesión que vemos
cómo se está instalando en Europa.
Mientras que el consumo privado está estancado o en declive y la inversión
de las empresas se encuentra en su nivel más bajo, renunciar a la herramienta
del presupuesto no hará más que aumentar las dificultades económicas. En
una Europa económicamente integrada, en la que los clientes de unos son los
proveedores de otros, una política de austeridad generalizada, con una
reducción de la demanda global en todos los países, sólo puede conducirnos al
desastre.
Esta recesión va a provocar una caída de los ingresos fiscales que tendrá
como consecuencia hacer más difícil la reducción del déficit, que se supone que
las políticas de austeridad deberían favorecer. Ello justificará una nueva
vuelta de tuerca, lo que agravará la situación, etc.
Este Tratado, de hecho, secuestra lo esencial de la política económica del
debate democrático y la decisión de los ciudadanos, pues pretende dirigir la
economía con piloto automático.
Se trata de escoger que tipo de sociedad queremos para el futuro. Es
inconcebible que el Tratado sea simplemente ratificado por un Parlamento sin
ningún tipo de debate democrático real. Es inaceptable que los ciudadanos y
ciudadanas no sean consultados a pesar de que el Tratado tendrá un impacto de
consecuencias considerables en sus condiciones de vida y de trabajo. Es por
esta razón que la Fundación Copérnico cree imprescindible la organización de un
referéndum para que el pueblo pueda votar y pronunciarse.
Notas:
(1) Según el ordoliberalismo,
el Estado debe crear un adecuado ambiente legal para la economía y mantener un
nivel saludable de competitividad a través de medidas que adhieran a los
principios del libre mercado. La tesis central es una división del trabajo
claramente definida para la administración económica, con responsabilidades
específicas asignadas a determinadas instituciones. La política monetaria
debería ser responsabilidad de un Banco Central enfocado a la estabilidad
monetaria, y al mantenimiento de una inflación baja, aislado de la presión
política por medio de su carácter independiente
No hay comentarios:
Publicar un comentario