La profesora Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, protagonista del documental "Capitalismo, un itinerario crítico" analiza los últimos acontecimientos de la política y la economía española en el marco del 'ciclo' de medidas neoliberales: rescates a la 'banka', recortes y subidas de impuestos a los sectores desposeídos por parte del gobierno de Rajoy bajo las consignas de la gran banca alemana y la burocracia instalada en Bruselas
Miren Etxezarreta |14
julio 2012
Desde mayo de 2010 la economía
española, debido a su importante problema de endeudamiento, está sometida a
fuertes presiones externas, formadas por los mercados, el FMI y la UE. Un
endeudamiento privado, pues el endeudamiento público del Estado español está
todavía hoy, entre los más bajos de los 17 países de la eurozona.
A partir de entonces la
economía española está tutelada principalmente por la UE, que se ha convertido
en el eje central y dominante en la gestión de la economía española. Desde
entonces, la UE exige la implantación de una serie de duras medidas de
austeridad y ajuste que, aunque han empeorado seriamente las condiciones de
trabajo y de vida de la mayoría de la población, no han resuelto ninguno de los
problemas de la economía del país, sino que ésta se ha deteriorado: el paro
crece por encima de los 5,6 millones de desempleados, la atonía de la actividad
económica se intensifica y la deuda pública aumenta.
Hace muy poco -los
acontecimientos se suceden a tal velocidad que dos meses parecen un largo
periodo-, el caso Bankia hizo imposible disimular por más tiempo el deterioro
de la situación de los bancos y cajas españoles. Junto a la desastrosa gestión
de su crisis, han llevado a destruir toda confianza, si existía alguna, en la
capacidad del Gobierno español para gestionar la crisis y de la economía
española para enfrentarla. El Gobierno se vio presionado por la UE para que
plantease un rescate financiero que fue presentado a la opinión pública de la
forma del engaño más burdo que se pueda imaginar, pretendiendo hacer creer que
dicho rescate no iba a tener consecuencias negativas para la población. Además,
tras la cumbre europea del 28 y 29 de junio se presentó como un gran triunfo
que el rescate concedido para los bancos se llevará a cabo por un fondo europeo
(MEDE) que irá directamente a los bancos y estos serán los responsables
del mismo, por lo que no supondrá un aumento de la deuda del Estado.
La UE, tras conceder la línea
de rescate hasta 100.000 millones de euros para auxiliar a las finanzas
privadas de este país, alarga en un año el plazo para cumplir con las cifras de
reducción del déficit. Pero precisa que de momento el rescate se cargará a la
deuda del país, hasta que se cree en la Unión un supercontrol financiero, no
antes de fines de 2013, y que la ejecución del rescate está sometida al
estricto cumplimiento de las recomendaciones que la Unión ya había hecho al
Gobierno español. Además, el 10 de julio presenta el Memorando que exige al
Gobierno para proceder a la entrega de una parte del rescate con 32 condiciones
bien detalladas para el ámbito financiero y algunas más de tipo fiscal. Y queda
claro que a partir de ahora la troika controlará muy estrechamente la
actuación del sector público y las finanzas de este país.
El deterioro de la situación,
la prima de riesgo que no para de aumentar, y la imposibilidad de ocultar la
situación, han obligado a Rajoy a presentar en el Parlamento, el 11 de julio,
las medidas que se ve obligado a tomar para cumplir las condiciones impuestas
por la troika formada por los mercados, el FMI y la UE, y que esta
última lidera. Hasta el punto de que es lícito preguntarse cuánta autonomía le
queda al Gobierno español (ahora PP) para gestionar los asuntos del país.
Todos estos acontecimientos, y
especialmente los que están teniendo lugar desde que salió a la luz la crisis
de Bankia, están generando una sucesión de medidas y noticias que han motivado
en la población una situación de desconcierto, preocupación y temor muy
acusados. No me dedicaré aquí a reseñar cuáles son estas medidas, pues los
medios de comunicación las han transmitido ampliamente. Me limitaré sólo a
algunos comentarios sobre todo este proceso:
Muchas y muy variadas medidas
que llegan a un recorte de 65.000 millones en dos años: desde la disminución
del número de funcionarios, de sus salarios y de una de sus pagas extras,
pasando por la reducción del número de concejales, la subida del IVA y de los
impuestos medioambientales, la rebaja del subsidio de desempleo… Sin embargo,
todas ellas, sin excepción, siguen fielmente el modelo neoliberal de gestión de
la economía: liberalización, desregulación, privatización, impuestos a pagar
por la mayoría de la población indiscriminadamente, reducción de salarios y
deterioro de las condiciones de trabajo. No nos engañemos. Que los árboles no
nos impidan ver el bosque. Que la profusión de medidas no nos impida ver la
línea fundamental de su orientación. Todas ellas van dirigidas esencialmente a
mejorar el mundo de los negocios y a apretar, a asfixiar a la población en sus
condiciones de vida: más despidos, menos salarios, más y más privatizaciones,
menos derechos sociales, unos impuestos indirectos totalmente injustos mientras
no se tocan de ninguna manera los ingresos de los más ricos, a quienes se acaba
de conceder una escandalosa amnistía fiscal casi total. Y un aspecto
particularmente preocupante: la disminución de las cotizaciones sociales que
sólo favorece a los empresarios y que conducirá directamente a que pronto nos
digan que los derechos sociales son insostenibles porque no hay dinero,
probablemente preparando un nuevo golpe, esta vez a los pensionistas… Estas
orientaciones señalan claramente cuál es la línea de las políticas de la UE:
todas ellas constituyen la estricta continuidad con la esencia del
neoliberalismo, que están imponiendo en todos los países miembros, estrechando
todavía más las opciones posibles para estos y convirtiéndose, de paso,
en la vanguardia del neoliberalismo mundial.
Pero no hay que considerar que,
dentro del estrecho marco de sometimiento al control de la UE, el Gobierno no
tiene ningún margen. Bruselas manda, es verdad, pero dentro de sus exigencias
hay alguna, aunque pequeña, opción diferente: la reducción del gasto podría
hacerse disminuyendo el de Defensa, o la ayuda a la Iglesia católica,
eliminando muchas sedes diplomáticas o de otras maneras, mientras que el
aumento de los ingresos podría consistir en una verdadera reforma fiscal que
gravara a quienes realmente concentran el dinero de este país. Las exigencias
de la troika transcurren por la misma estrategia de los
planteamientos de los gobiernos sucesivos de este país, que acogen aquellas con
docilidad (¿o simpatía?) y a quienes les viene muy bien insistir en los
requerimientos externos para llevar a cabo muchas medidas que integran sus
propios planes.
Lo peor de todo esto es que
estas medidas no sirven para resolver los problemas del país. Es dudoso que se
pueda reducir el déficit en los plazos señalados; de hecho, la propia Unión se
ve obligada a ampliar los plazos originales ante la percepción de que no es
posible cumplirlos, mostrando así, además, que las exigencias de plazos sobre
el déficit son totalmente arbitrarias y no existe razón económica alguna que
obligue a eliminarlos en plazos tan cortos. Y la deuda es impagable. La banca
europea y los inversores institucionales que son nuestros principales
acreedores y probablemente instigadores de las medidas exigidas, habrán de
aceptar esta realidad en algún momento. Es decir, los dos objetivos
supuestamente claves para exigir las medidas no se pueden cumplir. Pero,
además, estas medidas empeoran la situación económica del país al hacer más
difícil todavía el crecimiento (el programa futuro de 120.000 millones de euros
para estimular el crecimiento de toda la Unión mientras se mantienen
los duros programas de ajuste es patético y sería cómico si las situaciones no
fueran tan graves). Entre todas las políticas dictadas no hay una sola medida
que impulse el crecimiento y la mejora de la situación productiva ni comercial
del país. Al contrario, caerá todavía más la demanda, disminuye la inversión y
la investigación, se desmotiva totalmente la mano de obra, excepto por el miedo
al paro. Se concentra todo el estimulo al aumento de competitividad en el
deterioro de los salarios y la situación laboral bajo el eufemismo de la
devaluación interna. Las medidas que se imponen son contradictorias, llevan al
colapso de la economía y conducen a una situación irresoluble. La opción de
pagar por la deuda privada lleva al caos al país, ¿por qué la ciudadanía ha de
ser responsable de la deuda privada? ¿A dónde vamos con estos planteamientos?
Un pequeño comentario
marginal: escuchando la sesión parlamentaria de presentación de las medidas que
se propondrán para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo
viernes, me ha impresionado una vez más (no es nada nuevo, pero en una
situación tan tensa y difícil como la actual es más grave) el lenguaje que se
utiliza en los foros políticos, lleno de sobreentendidos y eufemismos, y
abundando en una retórica que muchísima gente no entiende y si se entiende es
absolutamente gratuita y falsa. El intentar embellecer la naturaleza de las
medidas que se están tomando, el pretender justificarlas cuando se saben
injustificables, la floritura de las referencias… “Se rebajará el subsidio de
paro para no desincentivar la búsqueda de empleo”, en un país con más de cinco
millones de parados que buscan desesperadamente un trabajo, o “despediremos
funcionarios para hacer más eficiente el sector público”, despidiendo médicos,
maestros, bomberos, y así continuamente. ¿Hasta dónde el eufemismo no se
convierte en insulto? No es extraño el alejamiento de la población de la escena
política. Incluso para los profesionales obligados a su escucha, el ambiente y
el lenguaje se hacen difíciles de soportar. ¿No se podría lograr un ambiente de
cierta sinceridad en el hemiciclo? Es verdad que es un detalle menor, pero es
todo un símbolo de la vida política de un país.
Es obligado concluir que en
esta estrategia existen otros objetivos más profundos, además de los señalados.
Y estos no pueden ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa
excusa para lograr destruir la mayor parte de los derechos laborales, sociales
e incluso políticos, que las sociedades europeas han logrado con grandes
sacrificios y luchas desde el final de la II Guerra Mundial. No pueden
entenderse estas estrategias bajo otro prisma, pues aunque para nada importe el
bienestar de la mayoría de la población, están suponiendo la destrucción de la
capacidad productiva de los países y una enorme concentración de la actividad
económica en ciertas zonas y bajo la propiedad de muy pocos capitales. No se
podría entender el entusiasmo de la patronal y los grandes empresarios por
estas medidas de otra manera. Una estrategia que conduce al desorbitado freno a
la actividad económica y a la consecuente caída brutal de la demanda interna,
que está llevando al cierre de miles de pequeñas y algunas medias empresas, al
vaciado paulatino de la capacidad de producción de este país, que camina al
endurecimiento de esta situación, no puede ser vista más que en el contexto de
una permanente lucha de clases, en este caso de ámbito continental; la cual,
según Warren Buffet (uno de los mayores millonarios estadounidenses), están
ganando los propietarios del capital.
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