La operación de acoso y derribo que desde el pasado diciembre venía sufriendo Repsol-YPF por parte del Gobierno argentino culminó este lunes con la expropiación de la mayor compañía de Argentina.
La presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, invitó a la Casa Rosada a los gobernadores y empresarios afines para anunciar que el Estado declaraba de utilidad pública y sujeto a la expropiación el 51% de las acciones pertenecientes a Repsol-YPF. De ese porcentaje, el 51% iría a manos del Gobierno Nacional y el otro pasaría al control de las diez provincias productoras de hidrocarburos. De este modo, el Gobierno contará con un 26,01% del capital final y los gobernadores con el 24,99%. Todas las acciones se le expropian a Repsol y ninguna al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, que posee el 25% de Repsol-YPF. Los gobernadores recibirán su parte del pastel. Tenían muchos motivos para aplaudir a la presidenta. Pero Fernández no aclaró en ningún momento cómo ni cuándo pretende pagar el Estado a la compañía española.
En cuanto terminó Fernández de exponer el proyecto de ley que sería enviado al Congreso, el representante del Gobierno en el directorio de Repsol-YPF, Roberto Baratta, se presentó en la sede porteña de la compañía con un listado de nombres de ejecutivos y los conminó a hacer las cajas y salir a la calle. Entre los primeros se encontraba el español Antonio Gomis, director de la empresa en Argentina.
El argumento que utilizó Fernández para justificar la nacionalización fue que “es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo”. A partir de ese dato, que nadie cuestiona, Fernández marcó como único responsable del déficit energético a Repsol-YPF, que solo explota un tercio de los hidrocarburos producidos en el país. “Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos”, señaló Fernández.
La presidenta dijo que echaba en falta a su marido, Néstor, porque le habría gustado presenciar esa decisión. Las decenas de invitados que aplaudieron y corearon el nombre de Néstor recordarían seguramente que el matrimonio Kirchner fue uno de los más firmes partidarios a la compra de YPF por parte de Repsol en 1998.
Fernández usó una de las grandes palabras mágicas que se pueden usar en Argentina: “soberanía” energética nacional. La compañía YPF estuvo presente en el país durante la mitad de sus 200 años de historia. Sus siglas son vistas como sinónimo de civilización y de poder soberano. Allá donde llegaban las exploraciones de YPF llegaban las carreteras, las escuelas, los hospitales…
Pero hacía muchos años que la gran empresa del país había dejado de ser rentable cuando se decidió privatizarla en 1992. Y pasaron más años aún hasta que en 1998 la compró Repsol. Al cabo de diez años, el entonces presidente Nestor Kircher forzó a Repsol a introducir socios argentinos en la empresa. Y ahí entró el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, comprando el 25% de las participaciones. ¿Con qué dinero? Con ninguno. Con lo que ganasen en los años sucesivos los Eskenazi pagarían a Repsol. “Así compro yo también la Coca Cola”, ironizaba el domingo el periodista Carlos Lanata. Durante los últimos años, jamás se quejó el Gobierno de la falta de inversión de la compañía YPF.
Las desavenencias llegaron el pasado noviembre. A partir de ese mes, comenzaron las amenazas encubiertas hacia Repsol-YPF. “Era una técnica mafiosa”, confía un directivo de la empresa. Una técnica sin precedente en ninguno de los regímenes en donde ha trabajado Repsol: primero el Gobierno les advierte de que no invierten lo suficiente para aumentar la producción. Después, envió inspectores fiscales a las oficinas que abrieron decenas de expedientes administrativos. Mientras tanto, empezó a sobrevolar la amenaza de la expropiación y la presidenta no declaraba nada, ni sí ni no. Después, cinco gobernadores de diez provincias petroleras empezaron a revertir contratos a la compañía. Su valor bursátil iba perdiendo peso en Wall Street. Brufau seguía pidiendo audiencia con la presidenta y ella no lo atendía. Dos veces parecía que Fernández iba a anunciar la expropiación y por una causa o por otra, no lo hacía. Y mientras tanto, llegaban al despacho de Brufau borradores de proyectos de ley sin firma ni membretes en los que se estudiaba la expropiación de la compañía. Pero el Gobierno no se hacía responsable de ellos. Ni Fernández se dignaba a recibir a Brufau.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, viajó en varias ocasiones a Buenos Aires y se encontró con que su interlocutor máximo era Axel Kicillof, el vicesecretario de Economía al que los ministros solían mirar como pidiéndole permiso cada vez que hablaban.
Kicillof es un economista de 41 años sin ninguna experiencia en el sector energético. Su posición dentro del Gobierno era la más radical. El ministro de Planificación, Julio de Vido, que visitaba con frecuencia el departamento de Brufau en Buenos Aires, le advirtió a Brufau que si había que adoptar una postura de izquierda en el Gobierno, él la adoptaría. La estrategia le dio resultado a De Vido porque ayer Fernández lo nombró interventor de Repsol junto a Kicillof. Brufau había creído hasta el último momento que la negociación era posible. Estaba dispuesto a invertir más, pero el Gobierno ya parecía tener la decisión tomada desde hacía mucho tiempo. Y la presidenta ignoró todas las advertencias del Gobierno español y de la Unión Europea. “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental”, señaló Fernández.
La compañía emitió un comunicado en el que calificaba la expropiación de “ilícita y gravemente discriminatoria”. “No se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF. Se violan así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional”, añade el escrito.
Detrás de la expropiación subyace el hecho de que la política energética del Gobierno, basada en subsidios, había fracasado. Este invierno no había dinero suficiente para importar todo el petróleo y el gas que necesita el país. Puede que después de que Repsol recurra a los tribunales de Argentina y a los internacionales, tal vez después de varios años, Argentina tenga que pagar un precio demasiado alto por la decisión que tomó ayer Fernández. Pero ese futuro aún queda muy lejos en el horizonte del país y de buena parte de la opinión pública.
Ayer por la noche, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que la expropiación decidida por el Gobierno argentino es “una decisión contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno de España”.
La presidenta dijo que echaba en falta a su marido, Néstor, porque le habría gustado presenciar esa decisión. Las decenas de invitados que aplaudieron y corearon el nombre de Néstor recordarían seguramente que el matrimonio Kirchner fue uno de los más firmes partidarios a la compra de YPF por parte de Repsol en 1998.
Fernández usó una de las grandes palabras mágicas que se pueden usar en Argentina: “soberanía” energética nacional. La compañía YPF estuvo presente en el país durante la mitad de sus 200 años de historia. Sus siglas son vistas como sinónimo de civilización y de poder soberano. Allá donde llegaban las exploraciones de YPF llegaban las carreteras, las escuelas, los hospitales…
Pero hacía muchos años que la gran empresa del país había dejado de ser rentable cuando se decidió privatizarla en 1992. Y pasaron más años aún hasta que en 1998 la compró Repsol. Al cabo de diez años, el entonces presidente Nestor Kircher forzó a Repsol a introducir socios argentinos en la empresa. Y ahí entró el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, comprando el 25% de las participaciones. ¿Con qué dinero? Con ninguno. Con lo que ganasen en los años sucesivos los Eskenazi pagarían a Repsol. “Así compro yo también la Coca Cola”, ironizaba el domingo el periodista Carlos Lanata. Durante los últimos años, jamás se quejó el Gobierno de la falta de inversión de la compañía YPF.
Las desavenencias llegaron el pasado noviembre. A partir de ese mes, comenzaron las amenazas encubiertas hacia Repsol-YPF. “Era una técnica mafiosa”, confía un directivo de la empresa. Una técnica sin precedente en ninguno de los regímenes en donde ha trabajado Repsol: primero el Gobierno les advierte de que no invierten lo suficiente para aumentar la producción. Después, envió inspectores fiscales a las oficinas que abrieron decenas de expedientes administrativos. Mientras tanto, empezó a sobrevolar la amenaza de la expropiación y la presidenta no declaraba nada, ni sí ni no. Después, cinco gobernadores de diez provincias petroleras empezaron a revertir contratos a la compañía. Su valor bursátil iba perdiendo peso en Wall Street. Brufau seguía pidiendo audiencia con la presidenta y ella no lo atendía. Dos veces parecía que Fernández iba a anunciar la expropiación y por una causa o por otra, no lo hacía. Y mientras tanto, llegaban al despacho de Brufau borradores de proyectos de ley sin firma ni membretes en los que se estudiaba la expropiación de la compañía. Pero el Gobierno no se hacía responsable de ellos. Ni Fernández se dignaba a recibir a Brufau.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, viajó en varias ocasiones a Buenos Aires y se encontró con que su interlocutor máximo era Axel Kicillof, el vicesecretario de Economía al que los ministros solían mirar como pidiéndole permiso cada vez que hablaban.
Kicillof es un economista de 41 años sin ninguna experiencia en el sector energético. Su posición dentro del Gobierno era la más radical. El ministro de Planificación, Julio de Vido, que visitaba con frecuencia el departamento de Brufau en Buenos Aires, le advirtió a Brufau que si había que adoptar una postura de izquierda en el Gobierno, él la adoptaría. La estrategia le dio resultado a De Vido porque ayer Fernández lo nombró interventor de Repsol junto a Kicillof. Brufau había creído hasta el último momento que la negociación era posible. Estaba dispuesto a invertir más, pero el Gobierno ya parecía tener la decisión tomada desde hacía mucho tiempo. Y la presidenta ignoró todas las advertencias del Gobierno español y de la Unión Europea. “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental”, señaló Fernández.
La compañía emitió un comunicado en el que calificaba la expropiación de “ilícita y gravemente discriminatoria”. “No se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF. Se violan así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional”, añade el escrito.
Detrás de la expropiación subyace el hecho de que la política energética del Gobierno, basada en subsidios, había fracasado. Este invierno no había dinero suficiente para importar todo el petróleo y el gas que necesita el país. Puede que después de que Repsol recurra a los tribunales de Argentina y a los internacionales, tal vez después de varios años, Argentina tenga que pagar un precio demasiado alto por la decisión que tomó ayer Fernández. Pero ese futuro aún queda muy lejos en el horizonte del país y de buena parte de la opinión pública.
Ayer por la noche, el ministro de Industria, José Manuel Soria, en una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que la expropiación decidida por el Gobierno argentino es “una decisión contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno de España”.
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