León Bendesky
16/04/2012
La economía ha resistido los vaivenes de la fragilidad financiera mundial, luego de la fuerte caída del producto en 2009. Desde entonces se ha mantenido el crecimiento que, en promedio y durante largo periodo, sigue siendo bajo y con las mismas condiciones en su estructura productiva, laboral y de comercio exterior. Las reservas son grandes y las corrientes de capital mueven el tipo de cambio, en ocasiones de modo sensible, pero no han provocado una depreciación profunda del peso. Las tasas de interés de referencia administradas por las autoridades monetarias también se han mantenido relativamente estables, así como la inflación.
Pero tal resistencia puede alterarse. La fuente es la fragilidad financiera europea y, en especial, de España. Las finanzas públicas de ese país están en una profunda crisis y la deuda del gobierno muy presionada por los acreedores que exigen tasas más altas de rendimiento por los bonos. Los bancos están en situación precaria, en buena medida por la deuda del ladrillo (el exceso del mercado hipotecario), ha habido una serie de fusiones de bancos y cajas sin una consolidación del sector.
Cuando se duda de la solvencia de los bancos crece el ataque sobre la deuda pública y se debilita de nueva cuenta la situación de los bancos. Si recurren a créditos del Banco Central Europeo se toma como muestra de la debilidad reinante y aumentan los intereses por la deuda. Los ajustes presupuestales de gran calado no rompen la desconfianza de los inversionistas. Es un círculo vicioso. España está en el centro del desorden financiero europeo y la incertidumbre es enorme.
Entra México. La presencia de los bancos españoles es notable en el sistema financiero. BBVA Bancomer es el más grande y Santander tiene también una posición predominante. El primero genera alrededor de 30 por ciento de las utilidades del grupo a escala mundial, el segundo en torno a 10 por ciento. No hay limites para que esas ganancias se repatrien y repercute en la actividad de crédito al sector público y privado.
Un empeoramiento de la situación financiera española y con ello en la eurozona se transmitirá en la estructura global de los capitales. Banamex es propiedad de Citigroup, resentido por la crisis de 2008, y recibió grandes sumas de recursos públicos para evitar la quiebra. Las transferencias de recursos desde México son parte de la operación de saneamiento aún en curso. En el caso de HSBC, el banco inglés también se ha restructurado incluyendo su operación en México.
Estos cuatro bancos junto con Scotiabank (canadiense) representan una parte sustancial del negocio bancario en el país, alrededor de 70 por ciento de la cartera de crédito y los dos mayores tienen una posición predominante en la compra de valores de la deuda pública. Hay una fuerte concentración en el sector bancario (y en el conjunto del sistema financiero), pero además la participación del capital extranjero es sumamente elevada, la mayor en el mundo luego de Nueva Zelanda.
La estabilidad financiera está resguardada con reservas internacionales del orden de 150 mil millones de dólares y un conjunto de líneas de crédito disponibles para intervenir en el mercado. Pero este seguro es limitado ante los cambios bruscos y rápidos de las corrientes de capitales que hasta ahora han favorecido dicha estabilidad.
Este asunto es hoy parte del amplio debate acerca de la normatividad y la supervisión de las instituciones financieras, especialmente de los bancos. Tiene que ver con las pautas de la regulación internacional emanadas de los acuerdos de Basilea (en sus versiones 2.5 y 3) sobre los requerimientos de capital y que aquí la CNBV se apresta a adoptar de modo anticipado.
Una cuestión en disputa es la aplicación de modo general a todos los bancos, sin considerar las diferencias entre ellos. La regulación diferenciada debe ser un criterio funcional para salvaguardar la integridad del sistema financiero, sobre todo ante la posibilidad de los embates del exterior.
El tema de la concentración bancaria es clave para los reguladores. En Estados Unidos existe la Ley Dodd-Frank, que abarca la reforma de Wall-Street y la Ley de Protección al Consumidor. Pretende contener los efectos de que las instituciones financieras se hayan convertido en demasiado grandes para quebrar, lo que exige la intervención con dinero público para salvaguardarlas. Por supuesto que los bancos han cabildeado muy activamente para frenar la aplicación de la ley y, en la práctica, lo han conseguido.
Además está la Regla Volker, que limita las actividades de los agentes financieros separando las gestión de sus recursos propios y las de sus clientes para evitar la especulación que llevó a la crisis de 2008.
Entre los cambios regulatorios, las severas condiciones financieras en los países más ricos y las repercusiones de los flujos de capital está hoy colocada la gestión del sistema financiero del país y, sobre todo, la capacidad de mantener la estabilidad macroeconómica. Se trata de que las corrientes de financiamiento se articulen de modo eficaz con las pautas del crecimiento económico, cosa que aún no se consigue luego de los grandes cambios en el sector desde hace ya 20 años.
Este asunto no puede ser eludido por las autoridades y menos aún por los candidatos a la Presidencia, que deberán formar un nuevo gobierno y pulir el orden institucional en el sector financiero.
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