Joseph Stiglitz /4/11/2013
Nueva York – Una reciente decisión de un tribunal de
apelaciones estadounidense amenaza con cambiar drásticamente a los mercados
mundiales de deuda soberana. Puede incluso conducir a que ya no se considere a
EE. UU. como un buen lugar para la emisión de deuda soberana. Como mínimo,
torna inviables todas las reestructuraciones de deuda según los contratos
estándar. En el proceso se anuló un principio básico del capitalismo moderno:
cuando los deudores no pueden pagar a los acreedores, es necesario volver a
empezar.
El problema comenzó hace una docena de años, cuando
Argentina no tuvo otra opción que devaluar su moneda e incurrir en la cesación
de pagos de su deuda. Bajo el gobierno existente, el país se había embarcado en
una rápida espiral descendente, del tipo ahora familiar en Grecia y otros
sitios de Europa. El desempleo se había disparado y la austeridad, en vez de
recuperar el equilibrio fiscal, simplemente exacerbó la caída económica.
La devaluación y la reestructuración de la deuda
funcionaron. En los años siguientes, hasta la erupción de la crisis financiera
mundial en 2008, el crecimiento del PBI anual argentino fue del 8 %, uno
de los más rápidos en el mundo.
Incluso los antiguos acreedores se beneficiaron con
este rebote. En una jugada muy innovadora, Argentina cambió la deuda vieja por
otra nueva –con un valor de aproximadamente 30 centavos por dólar, o un poco
más– a la que agregó un bono indexado por el PBI. Cuanto más crecía Argentina,
más pagaba a sus anteriores acreedores.
Los intereses de Argentina y los de sus acreedores
estaban entonces alineados: ambos deseaban el crecimiento. Fue el equivalente a
una reestructuración de deuda corporativa estadounidense bajo el «Capítulo 11»,
donde la deuda se cambia por capital accionario y los tenedores de bonos se
convierten en nuevos accionistas.
Las reestructuraciones de deuda a menudo implican
conflictos entre los diversos solicitantes. Por eso, para las disputas locales
de deuda, los países cuentan con leyes y tribunales de quiebras. Pero no hay un
mecanismo tal para adjudicar las disputas internacionales sobre este tema.
Hace mucho tiempo, esos contratos se hacían cumplir
a través de la intervención armada, como aprendieron –a un altísimo costo–
México, Venezuela, Egipto y gran cantidad de países en los siglos XIX y XX.
Después de la crisis argentina, la administración del presidente George W. Bush
vetó las propuestas para crear un mecanismo de reestructuración de la deuda
soberana. En consecuencia, no existe ni siquiera la pretensión de una búsqueda
de reestructuraciones justas y eficientes.
Los países pobres habitualmente se encuentran en
gran desventaja para negociar con los grandes prestamistas multinacionales, que
suelen contar con el respaldo de los poderosos gobiernos donde residen sus
sedes. A menudo los países deudores son exprimidos en tal medida que vuelven a
quebrar unos pocos años más tarde.
Los economistas aplaudieron el intento argentino
para evitar este resultado a través de una profunda reestructuración,
acompañada por los bonos vinculados al PBI. Pero unos pocos fondos «buitre»
–entre los cuales destaca el fondo de cobertura Elliott Management, dirigido
por el multimillonario Paul E. Singer –percibieron las tribulaciones argentinas
como una oportunidad para obtener enormes beneficios a expensas del pueblo
argentino. Compraron los viejos bonos a una fracción de su valor nominal y
litigaron para obligar a Argentina a pagar 100 centavos por cada dólar.
Los estadounidenses han visto la forma en que las
empresas financieras privilegian sus propios intereses por encima de los del
país... y los del mundo. Los fondos buitre han elevado la codicia a un nuevo
nivel.
Su estrategia de litigación aprovechó una cláusula
contractual estándar (llamada pari passu)
que busca garantizar que todos los reclamantes reciban igual trato.
Increíblemente, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo
Circuito de Nueva York decidió que esto implicaba que si Argentina pagó el total
de su deuda a quienes aceptaron la reestructuración, debe pagar el total a los
buitres.
Si este principio prevalece, nadie aceptará nunca
una reestructuración de la deuda. Nunca se podrá volver a empezar –con todas
las desagradables consecuencias que esto implica.
En las crisis de la deuda, se suele culpar a los
deudores. Se endeudaron demasiado. Pero los acreedores también son
responsables: prestaron demasiado e imprudentemente. De hecho, los acreedores
son supuestamente expertos en gestión y evaluación de riesgos y, en ese
sentido, la responsabilidad es suya. El riesgo de cesación de pagos o
reestructuración de la deuda induce a los acreedores a ser más cuidadosos en
sus decisiones crediticias.
Las repercusiones de este injusto fallo pueden
tener consecuencias muy duraderas. Después de todo, ¿qué país en desarrollo que
tenga los intereses de largo plazo de sus ciudadanos en mente estará preparado
para emitir bonos a través del sistema financiero estadounidense, cuando sus
tribunales –y tantas otras partes de su sistema político– parecen permitir que
los intereses financieros triunfen por sobre el interés público?
Los países harían bien en no incluir cláusulas pari
passu en futuros contratos de deuda, al menos sin especificar
claramente qué implican. Esos contratos también deberían incluir cláusulas de
acción colectiva, que imposibilitarían a los fondos buitre evitar
reestructuraciones de deuda. Cuando una proporción suficiente de los acreedores
acuerda un plan de reestructuración (en el caso de Argentina, los tenedores de
más del 90 % de la deuda del país lo hicieron), se puede obligar al resto
a lo mismo.
Que el Fondo Monetario Internacional, el
Departamento de Justicia de EE. UU. y las ONG de lucha contra la pobreza
se hayan unido en oposición contra los fondos buitre es un hecho revelador.
Pero también lo es la decisión del tribunal, que evidentemente asignó poco peso
a sus argumentos.
Para quienes viven en países con mercados
emergentes o en desarrollo y se sienten injustamente tratados por los países
avanzados, existe ahora un motivo más para el descontento frente una marca de
globalización administrada para servir a los intereses de los países ricos
(especialmente, a los intereses de sus sectores financieros).
En las postrimerías de la crisis financiera
mundial, la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas sobre Reformas del
Sistema Monetario y Financiero Internacional instó a diseñar un sistema
eficiente y justo para la reestructuración de la deuda soberana. El fallo
tendencioso y económicamente peligroso del tribunal estadounidense muestra por
qué necesitamos ya mismo un sistema de esas características.
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