Vicenç
Navarro /27 de abril de
2012
Este artículo
señala que la llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada
sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las
compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de privatizar la
Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la
situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso
español.
No existe plena conciencia en muchos círculos
progresistas de que el llamado “problema de la deuda pública” es un fenómeno
creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del
Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU
sobre tal deuda.
En un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”, término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El País’ en Washington.
En un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”, término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El País’ en Washington.
El problema con tales reportajes es su nula credibilidad
científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos
diez años (del 2000 al 2010) 9,2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido
causado por los siguientes gastos: 1) el 34,2% de este crecimiento (3,15
billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha
beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22,9% (2,1 billones)
del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y
Afganistán; y 3) el 9,8% (0,9 billones) de la ayuda directa (subsidios
públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones
que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran
–erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la
deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar
industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las
medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas
políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social,
concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de
que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en
absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad
Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit
en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2,4 trillones de dólares),
calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los
próximos diez años (en este artículo se utiliza “trillones” y “billones” según
la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles,
por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad
Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún
problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha
contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus
intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que
reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace ‘The Wall
Street Journal’, y que reproduce Antonio Caño en ‘El País’, es insostenible y
muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias
dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.
En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han
contribuido en un porcentaje muy menor (1,9%) al crecimiento de la deuda
pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al
crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo ‘D’ de ‘Medicare’, es decir, el
gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush
jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de
los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera
la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de
farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor,
4,8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que
recogió amplios beneficios, conllevando este incremento.
Un 2,7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada
de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2,9% (270 millones)
fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.
El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y
expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20,6% del
crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en
rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el
presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más
estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que
frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión.
El segundo error que hace la derecha estadounidense y que
reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública
(como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su
impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando
se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de
los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran
como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda
pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses
serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados
financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas
que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la
deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha
(tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores
y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.
Una situación semejante ocurre en España. La deuda
pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de
países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más
bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado
español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no
tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública.
Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene
que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las
más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco
central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a
comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su
Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda
pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y
europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado “problema de la
deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad
política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas
sociales de las clases populares. Así de claro.
Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado “problema de la deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.
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